La Secretaría de la Función Pública, sin motivos para sancionar empresas. Foto: Cuartoscuro

Grupo Higa, el consorcio constructor que fue ampliamente beneficiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y que está detrás de los escándalos en torno a las mansiones de Angélica Rivera Hurtado y Luis Videgaray Caso, suma al menos 30 contratos otorgados por organismos federales durante los primeros 25 meses de la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

Ayer, Julián Olivas Ugalde, encargado de despacho en la Secretaría de la Función Pública (SFP), afirmó que Grupo Higa ni ningún otro consorcio o proveedor del gobierno está imposibilitado por la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal Anticorrupción en Obras Públicas para participar por la licitación del Tren Rápido México-Querétaro, por lo que incluso las empresas que concursaron en el pasado proceso –que fue revocado por el propio gobierno federal– podrán postularse de nueva cuenta.

El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que hay alrededor de 30 contratos de adjudicación directa de organismos descentralizados con el Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, con un monto de cerca de 125 millones.

“Mi primera revisión me arrojó 30 contratos de adjudicaciones directas con cerca de 125 millones, esto va a ir subiendo, mañana voy a dar a conocer otras que he encontrado”, reveló el Diputado en entrevista para SinEmbargo.

De acuerdo con investigaciones realizadas por el legislador, además del que suscribió para la ampliación del hangar presidencial, Grupo Higa ha firmado contratos con Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Sociedad Hipotecaria Federal, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera (Nafinsa), así como con las Secretarías de Economía (SE), Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Media Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Te voy a dar algunos ejemplos, aparte del contrato de Higa para la ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), está otro de Pemex Exploración y Producción, con nueve contrarios de adjudicación directa, con un monto aproximado de 16 millones de pesos; Pemex Refinación, con tres contratos por adjudicación directa y un monto aproximado de medio millón de pesos.

Sociedad Hipotecaria Federal, con un contrato de adjudicación directa y un monto de 6 millones de pesos; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos con un contrato de 10 millones 700 mil pesos; Banco Nacional de Comercio Exterior con un contrato de más de 4 millones de pesos, y Nacional Financiera con dos contratos por adjudicación directa y un monto aproximado de más de 2 millones de pesos”, expuso el legislador.

Entre los contratos que Higa tiene desde sus filiales con otras dependencias del Gobierno federal se encuentran los realizados con la Secretaría de Economía (SE), por 153 mil 120.92 pesos; con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tres más por 86 millones 799 mil 183.44 pesos; con Desarrollo Agrario, dos más por 189 mil 612 pesos, y con Agricultura siete más por 404 mil 434.42 pesos.

El Diputado Huerta Ladrón de Guevara adelantó a SinEmbargo que solicitará a los organismos descentralizados la información pertinente para conocer por qué los contratos se adjudicaron de manera directa.

“Voy a hacer esta semana la solicitud a los organismos descentralizados de empresas de administración estatal con una copia certificada para que informen acerca de los contratos”, aseguró.

Grupo Higa y los Hinojosa se han convertido en temas incómodos de la administración de Enrique Peña Nieto luego del escándalo de la “casa blanca” y la residencia que en Malinalco, Estado de México, compró el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, mientras gestionó la campaña del Presidente.

El empresario Juan Armando Hinojosa Cantú tiene en este momento, en distintos estados del país, obras y licitaciones que suman 49 mil 765 millones de pesos, de acuerdo con información de licitaciones públicas divulgada en solicitudes de transparencia y por investigaciones periodísticas realizadas por diversos medios extranjeros.

Además, Grupo Higa, a través de sus filiales, ha ganado en los últimos años licitaciones o adjudicaciones directas para realizar obras al gobierno federal, a los estados de México, Nuevo León y Puebla.

HIGA, POR EL TREN Y LO QUE QUIERA

“Si [Grupo Higa] no está en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cualquier empresa  puede participar, siempre y cuando como lo dijimos, cumpla con los requisitos técnicos y de experiencia que en su momento se señale en las bases de licitación”, dijo ayer Olivas Ugalde, encargado del despacho de la SFP.

Las pre-bases de la licitación para construir el Tren Rápido de la Ciudad de México a la capital de Querétaro serán anunciadas mañana 14 de enero.

La afirmación fue respaldada por el Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, y de esta manera Grupo Higa quedó confirmada para ir por cuantas licitaciones y obras públicas quiera.

El 3 de noviembre pasado se informó que el tren sería construido por el consorcio conformado por las empresas China Railway Construction Corporation, Prodemex, Grupo GIA, Constructora TEYA, China South Rolling Stock Corporation y GHP Infraestructura Mexicana.

Este consorcio, cuya oferta era 21 por ciento más cara de lo presupuestado, estaba conformado por empresas mexicanas cercanas al Presidente Enrique Peña Nieto, y al ex Jefe del Ejecutivo federal Carlos Salinas de Gortari.

Grupo GIA es propiedad de Hipólito Gerard Rivero, quien es hermano de Ana Paula Gerard, esposa del ex Presidente Salinas de Gortari; Constructora Teya, que es de Grupo Higa, al cual también le pertenece la empresa Eolo que es la misma que arrendó los aviones de la campaña presidencial de Peña Nieto, y Prodemex, que es propiedad de Olegario Vázquez Aldir, hijo de Olegario Vázquez Raña de Grupo Imagen.

El pasado diciembre se hizo pública la intención de China Railway y CSR Corporation de presentarse en la nueva licitación de la línea férrea de 210 kilómetros, que unirá la Ciudad de México con Querétaro y, según la propuesta inicial, costará unos 3.750 millones de dólares.

Sin embargo, no se conoce si se mantendrán las empresas que conformaron el consorcio ganador.

La  Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) argumentó que la cancelación de la licitación (que se hizo horas después del anuncio) fue para evitar cuestionamientos sobre el proyecto y que no quedaran dudas sobre la claridad y transparencia del proceso.

El Secretario de Comunicaciones anunció la cancelación de la obra ante las dudas que existían alrededor de la licitación. Foto: Cuartoscuro

Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, precisó que hasta el momento no ha llegado a la SCT una solicitud para la recuperación de gastos por la revocación. El monto de resarcimiento por dicha revocación equivale al 1 por ciento de la propuesta económica que se presentó en la licitación para la construcción del ferrocarril, es decir 590 millones de pesos.

El pasado viernes, el titular de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza solicitó la ayuda de José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para el proceso de licitación y ejecución del proyecto del Tren Rápido, por lo que el organismo internacional colaborará con un mapa de riesgos en los procesos de contratación, sugerirá prácticas internacionales y emitirá opiniones y recomendaciones específicas durante la ejecución de los proyectos.

“La OCDE coadyuvará, lo que prevalecerá es la normativa del Estado”, añadió Olivas Ugalde.

PROMESAS DE TRANSPARENCIA EN EL AICM

Mascott Pérez aseguró que los avances en materia de transparencia bajo la administración de Gerardo Ruíz Esparza han sido notorios, ya que de más de 2 mil 600 contratos, sólo 17 documentos  siguen clasificados como reservados, por lo que las 35 licitaciones que se prevén en 2015 para el nuevo aeropuerto serán bajo mejores estatutos de transparencia.

“El Plan Nacional de Desarrollo (PNI) 2013-2018, establece la transparencia y el acceso a la información como herramientas para combatir la corrupción”, declaró Yuriria Mascott y precisó que los objetivos del Programa Sectorial en Comunicaciones y Transportes irán encaminados a mejorar y generar infraestructura de transporte, que este sea eficiente y seguro, y en generar condiciones de movilidad; “para lograr esto se actualizará el marco regulatorio que asegure la competitividad; el nuevo AICM y el relanzamiento de los trenes están dentro de este marco de acción”.

Por su parte, Manuel Ángel Núñez Soto, director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, expresó que esta obra definirá nacional e internacionalmente, la forma en como deberán desarrollarse los proyectos.

El funcionario añadió que el aeropuerto, que tendrá una inversión superior a los 120 mil millones de pesos, se encuentra en la fase de Planeación y Diseño y que hasta el momento, se tiene contemplado que genere 160 mil empleos directos e indirectos.

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