Al estilo del crimen organizado, dos empresarios fueron detenidos de forma arbitraria, torturados y luego liberados sin cargo alguno por el alcalde perredista de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, con el apoyo de sus policías y un grupo de civiles armados.

A 21 días de la denuncia penal interpuesta por abuso de autoridad, detención arbitraria y tortura física y psicológica, los empresarios Edgar Belisario Fonseca García y Héctor Rendis Trujillo acusaron impunidad del edil perredista ante la inacción de la PGJE y del Congreso.

Los hechos ocurrieron el 23 de diciembre por la mañana, cuando a bordo de cuatro camionetas policías municipales y un grupo de civiles armados llegaron hasta el rancho ecoturístico localizado en el vecino municipio de Jitotol para detener a ambos empresarios.

Aunque también golpearon y detuvieron a otros testigos que pretendían tomar fotos y videograbar los hechos, los agresores no contaron con que el sistema de vigilancia captó el momento en que ingresan las unidades sin placas con una veintena de hombres armados.

En el video se observa cuando los policías de Pueblo Nuevo y sus acompañantes ingresan al restaurante donde someten con golpes y patadas a ambos hombres para luego subirlos a una camioneta y llevarlos a la cárcel municipal.

Su supuesto delito, explicaron las víctimas, es que Edgar Fonseca fotocopió una nota periodística de un diario local, donde se hablaba de la inseguridad en el municipio y se criticaba al alcalde Enoc Díaz Pérez por sus abusos de autoridad y su presunto enriquecimiento ilícito, y la distribuyó entre amigos y vecinos.

Además, a oídos del alcalde llegó la especie de que los empresarios habían comentado que los vehículos que este funcionario usaba eran robados, lo que encolerizó a Enoc Díaz Pérez, quien ordenó la detención arbitraria.

Durante el transcurso de su captura ambas víctimas fueron amenazadas de que serían ejecutados y sus cuerpos quemados. Luego de algunas horas detenidos, fueron llevados a un auditorio donde se encontraban unas 300 personas ante quienes el alcalde los acusó públicamente de ser “enemigos del pueblo” y de “obstaculizar el desarrollo del municipio”.

Una vez formulada la denuncia, sería “el pleno” de la concurrencia quien evaluara la sanción a los detenidos.

En ese juicio irregular, la multitud pidió a los detenidos que dieran sus argumentos y alegaran su propia defensa. Al exponer la razón por la cual habían sido capturados, los indígenas reunidos en el auditorio exigieron que ambos fueran puestos en libertad.

Al no lograr el edil su cometido, denunciaron los empresarios, fueron obligados a firmar un documento en el que reconocían que habían sido detenidos por la población en una de las calles del municipio, y no como realmente ocurrió.

Después de firmar el documento, ambos fueron llevados ante el fiscal de distrito de la PGJE, quien al verlos les preguntó la razón de su captura. Las víctimas dieron a conocer los hechos e incluso asentaron que era falso lo que habían firmado, pues lo hicieron bajo presión y tortura psicológica, al asegurarles que irían a detener a sus esposas e hijos.

Tan pronto fueron liberados por el alcalde y sus hombres armados, los empresarios interpusieron una denuncia penal por abuso de autoridad, detención arbitraria y robo con violencia, pues les despojaron de dinero y celulares.

Edgar Fonseca y Héctor Rendis señalaron que tienen temor por su integridad física, y que ninguna instancia del gobierno estatal les ha proveído las medidas se seguridad para ellos y sus familiares que viven bajo amenaza de muerte.

Además, detallaron que la población vive bajo amenaza del alcalde y sus policías, así como de un grupo de civiles armados que se identifican con un chaleco que lleva la leyenda “Movimiento Amigo Revolucionario No. 7”.

También recordaron que el edil fue detenido en 2010 acusado de diversos delitos, pero luego fue liberado. Pese a ello, volvió a ser candidato del PRD y ganó las elecciones en 2012 para ser el quinto alcalde perredista en ese municipio indígena.

Una vez que asumió el cargo, el funcionario y sus hermanos David y Samuel Díaz Pérez edificaron lujosas casa para ellos y su madre, Florinda Pérez. Aparte de que el alcalde recientemente adquirió unas 100 hectáreas de tierras.

Los empresarios señalaron que Enoc Díaz Pérez presume ser protegido del líder estatal del PRD, César Espinosa, y de Los Chuchos, “y que por eso a él nunca le harán nada”.

Incluso, abundaron, uno de los hermanos del edil, Samuel Díaz Pérez, es secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRD.

En entrevista, el dirigente estatal del PRD, César Espinosa, confirmó que en efecto el hermano del alcalde de Pueblo Nuevo ocupa la cartera de Organización del partido, aunque dijo que desconoce cómo ambos hermanos ocuparon esos espacios, pues él apenas tiene 60 días al frente del partido en la entidad.

Apenas el lunes pasado, en rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) exigieron a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Manuel Velasco la desarticulación de un grupo paramilitar auspiciado por el alcalde perredista Enoc Díaz Pérez.

Incluso, demandaron el esclarecimiento de los homicidios de los líderes campesinos Armando Montejo López y su hijo Celestino Montejo Díaz, miembros de la Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri).

El representante de la CNPA-MN, Francisco Jiménez Pablo, denunció la indiferencia del gobierno de Peña Nieto para encarcelar al grupo paramilitar Los Diablos con el argumento del respeto a la soberanía de Chiapas.

Esa respuesta, acusó, es “similar a la que se dio para explicar por qué no intervino la PGR en el municipio de Iguala, Guerrero, y ahí están las consecuencias: 43 estudiantes desaparecidos, tres asesinados y tres ciudadanos más también privados de la vida”.

El PRD nacional señaló en un comunicado que, frente a los señalamientos contra Enoc Díaz Pérez, el partido refrenda su decisión de coadyuvar en el esclarecimiento de este caso y se garantice el mantenimiento de la paz y del estado de derecho en ese municipio.

Y también hizo un llamado a Díaz Pérez para que se presente de inmediato ante la autoridad competente y declare sobre los hechos que se le imputan.

“El CEN del PRD también se suma a la petición formulada por diversos líderes campesinos agrupados en el Mocri y en la CNPA-MN para que el gobierno de Chiapas y el federal inicien una investigación inmediata y apegada a derecho que, de encontrar elementos para ello, lleve al fincamiento de responsabilidades”, se advierte en el boletín.

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