Eukid Castañón Herrera, Diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla –gobernada por el panista Rafael Moreno Valle–, presentó una iniciativa para endurecer la sanción en contra de personas que realicen graffitis en propiedades privadas, así como espacios públicos, hecho que le ha costado críticas con la oposición.

La propuesta del legislador pretende reformar los los artículos 186 y 413 del Código Penal del estado y prevé una sanción que va desde un año o hasta tres años en caso de propiedades privadas y de dos a cuatro años en bienes y/o edificios públicos.

Sin embargo, si además los grafiteros que pinten mobiliario o bienes público o privados, lo hacen en grupo corren el riesgo de ser catalogados como pandilla, lo que podría sumarle a su condena hasta seis años de prisión.

Además propuso la creación de nuevo apartado, el 132 ter, para castigar con entre 6 y 12 años de cárcel “a quien o a quienes de forma ilícita y dolosa, causare o causaren alteración, daño, destrucción o deterioro al equipamiento o infraestructura urbana, a algún bien destinado o utilizado para la prestación de servicios públicos”.

El Diputado panista lamentó que haya colonias con las paredes pintadas y “que las obras que fueron inauguradas recientemente estén llenas de este tipo de manifestaciones”.

Dentro de la iniciativa se propone al gobierno del estado y a los 217 ayuntamientos poblanos fomenten las expresiones o manifestaciones artísticas en sus demarcaciones, delimitando espacios en los que los ciudadanos puedan desarrollar esta actividad.

Desde el anuncio de su propuesta fue considerada como una medida represiva, en contra de una forma de manifestación, incluso el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se dijo en contra de la iniciativa.

La presidenta estatal del PRD y Diputada local, Socorro Quezada Tiempo se pronunció “a favor de mandar a la congeladora la iniciativa panista, al acusar que criminaliza una forma de expresión”. En entrevista, comentó que la bancada del PRD revisará con más detalle la propuesta, pero de entrada consideró excesivas las sanciones que se proponen”.

Por su parte, Fernanda López Jaramillo, investigadora y gestora de la cutura en Street Art y arte público dijo al sitio digital Lado B que el endurecimiento de las penas al graffiti, criminaliza la práctica y estigmatiza a los que pintan como medio de expresión, “pues los ubica junto al pandillaje, asociaciones ilícitas y hasta el tema del com¡insumo de estupefacientes”.

“La gente que se dedica al graffiti en sus formas más básicas: el tag o el bombing son personas muy jóvenes, en el rango de los 11 a los 16 años, y la cárcel está lejos de ser una respuesta social”, dijo.

Sin embargo, el propio Rafael Moreno Valle, Gobernador de la entidad aplaudió la propuesta del Diputado blanquiazul.

“Creo que es fundamental aumentar la pena de lo que es actualmente”, dijo. También recalcó que el “grafito” no es un delito menor porque en su mayoría los espacios públicos patrimonio de la humanidad o inmuebles históricos se ven manchados por esta actividad.

“Aquí vivimos, si nosotros estamos atentando contra nuestro propio entorno, contra nuestra propia ciudad sin beneficio alguno, lamentablemente lo único que hace es dar una mala imagen de nosotros como sociedad”.

Esta no es la primera vez que en el estado de Puebla se propone una ley restrictiva.

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En mayo del año pasado, a petición del Gobernador Moreno Valle, se aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como ”Ley Bala”.

En un inicio, dicha ley permitía a los policías utilizar armas de fuego durante las movilizaciones sociales en su artículo décimo: “Se considera legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física”.

Días después, y frente a la presión social a la que se enfrentó el gobierno local, se decidió “suavizar” al prohibir que se utilicen armas de fuego. Sin embargo, se permitió el uso de armas no letales.

Ante la “Ley Bala”, varios ciudadanos promovieron amparos en contra por dar “facultades discrecionales y arbitrarias a las corporaciones policiacas, violatorias a derechos humanos”.

Y recordaron que: “la Policía Estatal de Puebla utilizó la fuerza de manera excesiva en una manifestación de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en la autopista Puebla-Atlixco”, quienes protestaban para que los servicios del Registro Civil regresen a sus comunidades. En esta protesta un menor de 9 años murió tras recibir un impacto en la cabeza con un artefacto disparado por los uniformados.

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