Por Manuel Espino

El rechazo a las medidas ejecutivas para combatir la

corrupción anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto

ha sido prácticamente unánime y por momentos rabioso. Se

ha lanzado una embestida furiosa, encabezada y azuzada por

los partidos de oposición, que busca dañar aún más la imagen

del Gobierno Federal en la recta final hacia las elecciones

intermedias, tratando de restar puntos en las encuestas y

votos en las urnas.

La verdad sea dicha, este embate presidencial contra la

corrupción ha sido visto y analizadO a través de un cristal

politizado y manchado de intenciones electoreras, pero eso no

quita que existen elementos que dan un sustento real a las

críticas.

De manera más mesurada y racional que los partidos,

también algunas de las organizaciones más trascendentes en

materia de combate a la corrupción han puesto bajo la lupa

este esfuerzo presidencial. La Red por La Rendición de

Cuentas,  México Evalúa, el Centro de Análisis e Investigación

Fundar y Transparencia Mexicana, por mencionar solo las más

prestigiadas, han argumentado con fuerza e inteligencia

contra cada uno de los ocho rubros anunciados desde Los

Pinos.

Es claro que entre los asesores del presidente hubo una falta

de creatividad política e incluso cierto desconocimiento de la

arquitectura institucional del Estado mexicano, pues varios de

los caminos que supuestamente se seguirán serán bloqueados

por disposiciones jurídicas y procedimientos ya instituidos.

Sin embargo, más que sumarse a la ola de detracciones,

conviene señalar que aún existe una posibilidad de salvar este

esfuerzo y darle vigor y peso, efectividad y eficacia. Como en

prácticamente todos los rubros de la vida nacional, es urgente

ciudadanizar los esfuerzos gubernamentales, en abrir las

puertas y las ventanas de las oficinas burocráticas, en hacer

la administración pública genuinamente pública.

Una manera de subsanar el criticado nombramiento de un

Secretario de Estado encargado de combatir la corrupción

bajo la sombra de sus relaciones con el círculo cercano del

poder, consistiría en instituir consejos y equipos de trabajo

ciudadanos, que permitan la participación real y efectiva, no

simbólica ni escenográfica, de la sociedad en esta lucha.

La clave es, pues, abrirse de capa y reconocer que el gobierno

no puede ser juez y parte y que únicamente la sociedad le

puede lavar la cara y dotarlo de la legitimidad que anhela.

Porque entre los riesgos de abrirse al escrutinio de la sociedad

y los riesgos de seguir actuando con una cautela teñida de

visiones partidistas, los segundos son mucho mayores y

dañinos tanto para el propio Ejecutivo Federal como para la

sociedad en su conjunto.

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