El Estado mexicano realizó un depósito de un millón de dólares, para financiar por completo las actividades del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

El Estado mexicano realizó un depósito de un millón de dólares, para financiar por completo las actividades del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que realizarán un análisis de las indagatorias realizadas por las autoridades de nuestro país sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por medio de un comunicado fechado desde el desde el pasado 16 de enero de este año, la cancillería detalló que este fondo será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo previo.

El texto detalla que el grupo de cinco expertos realizará la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y, análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.

El equipo de expertos independientes se encuentra integrado por Francisco Cox de Chile quién es abogado en derecho constitucional, la abogada de Guatemala Claudia Paz y Paz de especializada en derecho penal y derechos humanos, Ángela Buitrago de Colombia abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas, Carlos Beristáin de España quien se desempeña como médico y especialista en educación para la salud y el abogado  colombiano Alejandro Valencia Villa abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Desde ese tiempo las autoridades mexicanas enfatizaron que continuan trabajando junto con todas las partes involucradas para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr implementar a cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014.

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