Los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional en Querétaro anunciaron la estrategia que ejecutarán para vigilar y garantizar que las campañas electorales sean limpias, sin compra de votos ni utilización de recursos públicos o programas sociales por parte de partidos políticos y candidatos.

Como parte de la estrategia denominada, “Frente de Defensa al Voto”, el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, José Luis Aguilera Ortiz anunció que entregará una recompensa de hasta 20 mil pesos en especie a la persona que brinde datos y pruebas de partidos o candidatos que compren votos, o hagan uso de recursos de programas sociales.

Aguilera Ortiz explicó que se entregarán tantas recompensas como sean necesarias, recompensas que serán completamente fiscalizadas, y financiadas por donativos de militantes de Movimiento Ciudadano y del propio presupuesto para campañas del partido naranja. Esta, dijo Aguilera Ortiz, es una buena forma de utilizar el presupuesto electoral.

De acuerdo con el dirigente naranja, la entrega de recompensas es perfectamente legal ya que analizaron escrupulosamente la legislación electoral y no encontraron ninguna ley que prohíba o sancione esta actividad.

Por su parte, el dirigente del partido Acción Nacional, José Luis Báez Guerrero explicó que el ejército de los denominados “cazamapaches” quienes denunciarán a quien compre votos, estará conformado por 3 mil 500 militantes panistas y mil 500 de Movimiento Ciudadano, para un total de 5 mil “cazamapaches” que estarán distribuidos en todo el estado.

Ambos dirigentes coincidieron que la estrategia del “Frente de Defensa al Voto” nace con el objetivo de vigilar que el actual gobierno de José Calzada Rovirosa, el Partido Revolucionario Institucional y sus partidos afines como el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, no recurran a las malas prácticas de compra de votos.

Aguilera Ortiz señaló que el “voto de hambre”, ese que se compra con tarjetas, despensas y apoyos, representa entre el 30 y 40 por ciento del padrón electoral del estado, por lo que es un amplio rango vulnerable a las prácticas de compra de votos. 

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