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No es un caso trascendente la frenética solicitud del lector de noticias Jorge

Ramos pidiendo a gritos que renuncie el presidente Enrique Peña Nieto, por

haber incurrido en actos de corrupción según el “influyente” periodista,

como para ubicarla dentro de la lista de prioridades en la revisión de los

asuntos de la complicada agenda nacional.

La corrupción que vienen mencionado los integrantes de la pandilla

antipeñista que encabeza Carmen Aristegui, ahora la trata el chicano Jorge

Ramos, otra vez, a propósito de la ya muy cacareada compra de la casa

blanca por la esposa del mandatario mexicano.

Mi columna de hoy estaba preparada para analizar qué tiene de positivo y

qué le falta a la Ley Anticorrupción recién aprobada por el Congreso.

Pero la marquesina de una “gala” de la revista TIME para dar a conocer una

abigarrada y chocolatosa lista de “los 100 personajes más influyentes del

mundo”, entre los que se encontraba el inverosímil “constitucionalista” Jorge

Ramos, dio un peuqeño nuevo aire de difusión a la campaña antipeñista de

Aristegui y su pandilla.

Cosa que por cierto no habían logrado en espacios como CNNnoticias de

México, los diarios Reforma y La Jornada y la Revista Proceso.

Esa circunstancia casual me lleva a realizar tres consideraciones para evaluar

los resultados de la campaña de Aristegui y sus seguidores contra el

presidente Peña Nieto y su familia.

1.- EL VALOR DE LOS MEDIOS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA EN MÉXICO.

Jorge Ramos gritó, literalmente, en la mencionada gala de la revista TIME que

el presidente Peña Nieto debería renunciar por haber cometido actos de

corrupción.

Repitió Ramos lo mismo en una entrevista que le hizo, adivinó usted quien la

hizo amable lector, obviamente Carmen Aristegui, en su espacio en CNN,

Nuevamente con un frenesí ya sicológicamente preocupante, Ramos dijo que

“No había de otra, la renuncia de Peña Nieto y ya”.

Nadie en sus cinco sentidos pensará que el presidente Peña Nieto renunciará

a su cargo porque lo pide un hombre de artificial influencia como Jorge

Ramos.

Lo dispuesto en la constitución para iniciar apenas la solicitud de un juicio

político, quizá Ramos piensa que Peña Nieto incurrió en la causal de traición

a la Patria, está muy claramente especificado en nuestra Carta Magna.

No es por supuesto en una efímera gritería de acaso dos minutos, como se va

a derrocar a un presidente en un país como México en el que existen los

canales institucionales para tratar asuntos de tan gran calado.

El famoso caso Watergate ocupó a los periodistas del Washington Post, Carl

Bernstein y Bob Woodward, meses de investigación para desenredar una

compleja maraña cuyos hilos que apuntaban a la Casa Blanca a través del

Comité para la Reelección del Presidente (CRP) que trabajaba para Richard

Nixon.

Ni Ramos ni Aristegui son, por supuesto, la versión mexicana de Bernstein ni

Woodward; ni Watergate es lo mismo que la compra de la casa en Las

Lomas y menos la gala de TIMES es el Washington Post de los tiempos de

Katharine Graham y de Ben Bradlee, ambos lamentablemente ya fallecidos,

que como editor encabezó con admirable y singular valor al diario durante

la cobertura del affaire Watergate.

2.- LA CORRPCIÓN EN MÉXICO.

El fenómeno de la corrupción afecta y condiciona sustantivamente el

desarrollo integral de los países que la padecen.

De manera particular incide en la instauración de democracias verdaderas en

los países en proceso de lograrlas como es el caso de varios países de

América Latina, el África del sudsahara y las naciones del Medio Oriente

que fueron protagonista de la Revolución de la Primavera Árabe en esa

región.

Dentro de esa relación de países por supuesto que se encuentra México.

El fenómeno de la corrupción sigue flagelando el desarrollo de nuestra

nación. Y ha golpeado severamente la credibilidad de las instituciones y los

procesos electorales que se celebran en todo el territorio nacional y con ello

el de la democracia.

La promulgación de la llamada Ley Anticorrupción en México, que se

oficializará en unas horas con su publicación en el Diario Oficial de la

Federación, es una respuesta de estado del presidente Peña Nieto al caso de

la corrupción como fenómeno endémico en el desarrollo de nuestra vida

pública.

Es una respuesta de ESTADO.

No es una respuesta episódica a demandas interesadas, con evidentes sesgos

de simpatía en favor de poderosos intereses económicos, como la que

representa la campaña antipeñista de Carmen Aristegui y sus corifeos en

contra de Peña Nieto y su familia.

Triste país seríamos, más de lo que ya somos en materia de actos de

corrupción, si la decisión de combatirla obedeciera a la presión de una hiper

minoría “crítica” y no a una razón de estado.

Es decir, se promulga la Ley Anticorrupción pensando en el futuro de México

y no porque el gobierno peñista se sienta atrapado en el inmediatismo

periodístico de los defensores de los intereses económicos afectados por sus

reformas estructurales.

3.- LOS TIEMPOS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE EDUARDO SÁNCHEZ.

He revisado textos muy lúcidos sobre los tiempos y las formas en que la

comunicación social del gobierno peñista debiera reaccionar a los ataques de

sus opositores.

Sean estos TEXTOS genuinos como los de varios opinadores de

independencia editorial fuera de toda duda, o servidores de intereses como

Carmen Aristegui y su bien pagado dream team de columnistas.

Me referiré a la columna publicada el sábado 25 de abril por Juan Gabriel

Valencia en Milenio.

Muy lúcido como siempre, Valencia dice que los tiempos en los que el

gobierno peñista ha entrado tarde a tomar cartas en asuntos críticos como

Tlataya, Ayotzinapa, casa blanca, la CNTE, el tren Higa-chino México

Querétaro o en otros menos relevantes como el viaje oficial a Londres y su

numerosa comitiva.

Tiempos no solo tardíos sino que a veces totalmente extemporáneos.

Yo difiero del criterio de tiempos de Juan Gabriel Valencia solamente en dos

puntos, uno que señala y otro que a mi modesto parecer, omitió.

Primero. El gobierno sí ha entrado tarde a algunos de los casos mencionados

líneas arriba. Pero ha sido más el regodeo que han dado los enemigos del

presidente y de su familia a través de sus espacios en los medios, que la

omisión oficial para atenderlos.

Puede haber entrado tarde. Pero nunca se ha dejado de atender cada uno de

los casos mencionados.

Segundo. Valencia reflexiona sobre la entrada tardía del gobierno a los

asuntos comentados, pero no aclara que hay instituciones responsables de

ellos. Y en todo caso la responsabilidad es de esas instituciones y no de la

comunicación social como pudiera colegirse de la tesis de Valencia.

Puedo estar equivocado y el columnista no tuvo esa intención.

Pero en el contexto de los manotazos de Jorge Ramos y el explicable eco que

le hicieron y le siguen haciendo Aristegui y su pandilla, la operación de la

comunicación social se inserta de manera automática y por lo tanto es

calificable. Se puede juzgar si fue buena o fue tardía.

Pero la omisión que considero existe en ese apunte son precisamente las

fechas de los acontecimientos y las del relevo en la comunicación social

peñista.

Todos los casos subidos por el periodismo antipeñista a la categoría de

traición a la patria, se dieron en el tiempo en el que David López Gutiérrez

estaba a cargo de ese imp0ortante despacho.

No son culpa de David, a quien siempre he estimado bien, y lo seguiré

estimando honrando nuestra amistad.

Pero yo le llegué a comentar que el diseño de respuesta debería ser más

inmediato y la divulgación de los contextos en que se produjeron los

acontecimientos que han afectado la imagen presidencial debería ser mucho

más precisa.

Ahora observo un comportamiento más calculador de Eduardo Sánchez

Hernández.

Y eso, sin duda, es alentador por los tiempos que se vienen.

Sin dar por prioridad en la comunicación social a los alaridos de Jorge Ramos,

se ha visto que Sánchez Hernández se preocupa más por mostrar al

presidente promulgando la Ley Anticorrupción, alentando la inversión como

en el caso de la planta que anunció para San Luis Potosí o en su decisión de

apelar, de forma jurídicamente correcta, el contenido de un spot del PAN que

criticaba, en el mejor estilo del periodismo de Aristegui y Jorge Ramos, el

viaje a Londres y su numerosa comitiva.

En conclusión, ni Ramos es el constitucionalista que iniciará un juicio político

que culmine con la renuncia de Peña Nieto y se advierte una nueva actitud,

mucho más estratégica, en el manejo de la comunicación social del

presidente en manos de Eduardo Sánchez Hernández.

Para mí, por esas latitudes anda ahora la cuestión.

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