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No es legal en Colombia grabar a alguien sin autorización

Considerándose un ejercicio usual en la actualidad, el hecho de  grabar voz o video mediante dispositivos digitales como celulares, tabletas, cámaras digitales o análogas, la Corte Constitucional de Colombia en un fallo no muy reciente pero de aplicación a las circunstancias presentes, expresó en la Sentencia T -233 de 2007 que las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente[1].

Además de lo mencionado,  en la misma sentencia expresó la máxima Corporación:

“(…) El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto. La Sala considera que la grabación de la reunión que se hizo sin el consentimiento del procesado vulneró el derecho a la intimidad de éste en aspectos como el de la reserva de la propia imagen, la reserva de las comunicaciones personales y la reserva del domicilio –entendido en el sentido amplio pertinente al derecho a la intimidad-. En esas condiciones, la grabación no podía presentarse como prueba válida en el proceso y debió ser expulsada (…)”. (Negrillas fuera del texto)
Con todo lo anterior y dada la posible confusión del concepto de domicilio y privacidad de las personas, la Corte en oportunidad resalta que el derecho a la intimidad no se limita al concepto de domicilio utilizado por el derecho civil, restringido exclusivamente al lugar de habitación permanente del sujeto, sino que irradia todo espacio privado en el que el individuo desarrolla sus actividades personales, independientemente de que resida permanentemente en él.

En ese sentido importante es destacar, que dentro del concepto de domicilio expresado por la corte se entiende como de tal carácter, de domicilio,  además de los lugares de habitación, el de trabajo, estudio y en sí, todos aquellos espacios o recintos aislados en los que la persona normal y legítimamente pretenda desarrollar su propia vida privada, separada de los terceros y sin su presencia; frente al particular este blawg en una anterior ocasión había reseñado una sentencia de la Corte Constitucional titulando la publicación como: Las cámaras de seguridad en las aulas de clase invaden de manera irrazonable y desproporcionada los derechos y libertades de los estudiantes: CORTE. En la referida publicación se evidenció como la Corte ya había referido aspectos similares al objeto de estudio pero irradiándolo en el ámbito escolar.

En tal sentido la Corte  Constitucional en este caso particular deja aspectos importantes a saber frente al derecho a la intimidad:

“(…) El derecho a la intimidad no se limita al concepto de domicilio utilizado por el derecho civil, restringido exclusivamente al lugar de habitación permanente del sujeto, sino que irradia todo espacio privado en el que el individuo desarrolla sus actividades personales, independientemente de que resida permanentemente en él.

“Esta Corporación ha precisado que ‘por inviolabilidad de domicilio se entiende en general el respeto a la casa de habitación de las personas, lo cual muestra que el concepto de domicilio a nivel constitucional no corresponde a su acepción en el derecho civil.’ En efecto, ha precisado la Corte, ‘la definición constitucional de domicilio excede la noción civilista y comprende, además de los lugares de habitación, todos aquellos espacios cerrados, en donde las personas desarrollan de manera más inmediata su intimidad y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad’.

“Esto muestra que, conforme a tales criterios, la protección del domicilio no comprende exclusivamente el lugar de habitación sino que se proyecta a otros espacios cerrados, que son importantes para el amparo de la intimidad y del libre ejercicio de la libertad individual.

“(…)

“En síntesis, conforme a los criterios adelantados por esta Corte, la definición constitucional de domicilio ‘comprende, además de los lugares de habitación, trabajo, estudio, todos aquellos espacios o recintos aislados en los que la persona normal y legítimamente pretenda desarrollar su propia vida privada, separada de los terceros y sin su presencia ’ (Sentencia C-505 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero). (Subrayas y negrillas fuera del texto)
Colofón de lo anterior y asumiendo como una realidad la importancia actual de la administración de la información y la circulación de las publicaciones por medio de los diferentes medios sociales, aunado a la facilidad de acceso y/o captación de grabaciones, no debe pasarse por alto que la administración de las mismas retoma mayor reproche legal si las mismas (grabaciones) se hacen en el interregno del ámbito laboral con ánimo de burla o mofa, pues en tal caso se estará en presencia de una conducta constitutiva de acoso laboral en los términos del literal g del artículo 7 de la Ley 1010 de 2006[2] que expresa:

“(…)ARTÍCULO 7o. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público
Siguiendo la misma línea de interpretación jurídica no resulta menos importante resaltar que grabar sin autorización, puede tener connotaciones penales:

“(…)Artículo 189. Violación de habitación ajena. El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas, o que por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o filme, aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes, incurrirá en multa.

Artículo 190.Violación de habitación ajena por servidor público. El servidor público que abusando de sus funciones se introduzca en habitación ajena, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público (…)” (Negrillas fuera del texto)
Esa conducta también se castiga si ocurre en el lugar de trabajo.

“(…) Artículo 191. Violación en lugar de trabajo. Cuando las conductas descritas en este capítulo se realizaren en un lugar de trabajo, las respectivas penas se disminuirá hasta en la mitad, sin que puedan ser inferior a una unidad multa.”
No obstante lo anterior existen casos en los que la autorización no es causal justificante para la grabación, publicación o distribución de imágenes, tal es el caso de la pornografía infantil sancionada en los términos del artículo 218 del Código penal, Ley 599 de 2000.

Con todo lo expuesto queda entonces claro que se deben entender el ámbito del respeto al derecho a la intimidad en un todo mucho más amplio que el que determina el Derecho Civil, de tal manera, no es posible bajo ninguna circunstancia grabar a una persona sin su autorización, máxime cuando con ello se persigue un fin determinado a soslayar derechos de mayor entidad o ánimo hostil en las diferentes redes sociales, como ocurre reiteradamente en la actualidad.

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