El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los cuatro meses que va de su administración el número de periodistas asesinados asciende a seis, mientras que la cifra en el caso de los defensores de derechos humanos es de ocho.

En el caso de los periodistas asesinados se encuentran: Jesús Alejandro Márquez Jiménez, de Orión Informativo de Nayarit; Diego García Corona, del Semanario Morelos; Rafael Murúa Manríquez, director de Radio Comunitaria en Santa Rosalía, Baja California Sur; Reynaldo López, locutor de Sonora; y Santiago Barroso Alfaro, quien era reportero y locutor en La Crónica de Mexicali y el Imparcial de Hermosillo, Sonora.

De ellos sólo Murúa Manríquez estaba incorporado al mecanismo de protección.

Por su parte, los defensores de derechos humanos asesinados del 1 de diciembre a la fecha son:

Sinar Corso, del Comité Ciudadano el Coloso de Piedra de Arriaga, Chiapas; José Santiago Gómez y Noé Jiménez Pablo, ambos del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Chiapas; Carlos Mendoza Ramos, de la Unión Campesina e Indígena Nacional, ubicada en Santiago Jocotepec, Oaxaca; Bernardino García Hernández, líder comunero de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca.

En la lista también está John Galton, defensor del uso recreativo de la mariguana, quien radicaba en Acapulco, Guerrero; Oscar Cazoria, defensor de los derechos humanos Muxe, de Juchitán, Oaxaca; y Samir Flores Soberanes; opositor a la termoeléctrica que pretende construir el gobierno de López Obrador en Morelos.

De los anteriores, solo Jiménez Pablo estaba inscrito en el Mecanismo de Protección.

A la llegada del tabasqueño al poder, el mecanismo contaba con 790 personas inscritas. De ellas 498 son defensores de derechos humanos y 292 periodistas.

El 16.8% radican en la Ciudad de México; el 9.6% en Veracruz; el 8.8% en Guerrero; el 6.8% en Oaxaca, el 5% en el Estado de México y el 4.8% en Tamaulipas.

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