Una denuncia fue presentada recientemente ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes contra quien resulte responsable de irregularidades en exención del cobro de impuestos que favorecen a empresas privadas y causan daño económico a las finanzas del municipio capital.

En un primer expediente del cual MVS Noticias posee copia, se señala que Alfredo Martín Cervantes García, secretario de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, autorizó la condonación del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) por un monto de poco más de 2.3 millones de pesos a una empresa inmobiliaria con el argumento de una presunta crisis nacional del sector inmobiliario.

Dicho documento emitido por el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (OSFAGS) detalla que la empresa beneficiada con la condonación fiscal solicitó la exención después de que ésta había sido otorgada; es decir, que se autorizó el impago en marzo de 2017 cuando se solicitó hasta el mes de mayo siguiente.

La denuncia surgió de una observación realizada al ayuntamiento de Aguascalientes en la que se menciona que el Ayuntamiento no realizó el último cálculo de la base gravable del ISABI a pesar de que esa exención no fue solicitada por la empresa. Sin embargo, Cervantes García, otorgó la exención del impuesto causando daño al erario público, sin base jurídica que lo sustente.

“Por tanto, el otorgamiento de la exención por un monto de 2 millones 316 mil 788 pesos carece de justificación ya que no se apega a lo estipulado por el artículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes”, según se detalla en el expediente de observaciones realizadas en 2017.

Aunque en las observaciones de los documentos consultados, se señala como principal responsable al Secretario de Finanzas, la denuncia se realizó contra quien resulte responsable del delito de ejercicio indebido del Servicio Público que, en caso de comprobarse contra algún funcionario o funcionarios, la sanción podría alcanzar desde la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público en el futuro hasta 12 años de prisión, incluida la obligación de la reparación del daño por el monto de la afectación al erario.

Éste es el primero de varios expedientes públicos a los que MVS Noticias tuvo acceso y que iremos publicando.

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