Cuando México entró en emergencia sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Salud decretó que los servicios de salud sexual y reproductiva eran esenciales, por lo que se mantenían activos y las autoridades federales y locales debían garantizarlos. Sin embargo, desde los primeros meses de la pandemia, los servicios para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) vieron una reducción de hasta 44% de atención a mujeres en la Ciudad de México y de 66% de las provenientes de otros estados.

Es decir, que esas mujeres (provenientes de otros estados) también se vieron afectadas porque no tuvieron la oportunidad de llegar a la Ciudad de México, donde tenemos todas las causales para la interrupción legal del embarazo y podrían ser atendidas’, dijo la doctora Nelly Cristina Ac Pérez en entrevista con Expansión Política.

En la actualidad, solo en la Ciudad de México y en Oaxaca el aborto está despenalizado durante las primeras 12 semanas de gestación; la causal por violación es aplicable en todo el país; por el riesgo a la vida, solo en 23 estados; y por salud, en 16. Pero lo cierto es que, a excepción de las primeras dos entidades, en el resto del país sigue siendo restrictivo: solo bajo ciertas circunstancias se puede abortar sin ameritar una sanción penal .

La ginecóloga y obstetra, que forma parte de la iniciativa Mujeres Vivas y Libres, recuerda que, comúnmente, solo el 35% de la población tiene acceso a métodos de planificacion familiar. ‘Y ya en la pandemia se ha disminuido (el servicio) y afectado a las mujeres; o ha habido un alcance real. Todos los servicios que no se consideran importantes en este contexto se cerraron, la realidad no es como la plantean (las autoridades)’, enfatizó. Esto pasa porque, explicó, los distintos hospitales, de todos los servicios de planificación familiar, están cerrados y la prioridad se centra en los pacientes con COVID-19.

En este sentido, la doctora refirió que la inactividad de los servicios ILE solo promueven y aumentan los embarazos no deseados, incluso entre menores de edad que, dijo, en realidad son víctimas de abuso sexual. ‘(Durante la pandemia) no tenemos un adecuado alcance, no tenemos incluso el servicio ILE en alguno lugares donde se ha considerado un servicio no esencial’, agregó.

Bárbara Arredondo Ayala, escritora y activista, coincidió en que durante estos meses de pandemia los servicios de salud reproductiva no se han garantizado, porque en general ‘todo se ha detenido’.

‘Hemos escuchado por parte de las instituciones que (los servicios) siguen adelante, pero hablas con las personas y resulta que no es así. No hay ese servicio y, por ende, las mujeres siguen siendo víctimas de este tipo violencia’, denunció.

Asimismo, aplaudió el hecho de que precisamente este año la discusión sobre la despenalización del aborto llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero consideró que aún falta trabajo de concientización. ‘Ni la iglesia ni el Estado deben tener poder de decisión sobre el cuerpo de la mujer. Hay un sesgo inconsciente que nos limita a ver los hechos y hablar de estos temas con una perspectiva de tabú o inmoral’, expresó.

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