Un juez federal convocó para este martes 28 de julio la primera audiencia al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, envuelto en varias acusaciones de corrupción y quien comparecerá por video dado su estado de salud, informaron las autoridades.

Audiencia

A las 09:35 h de este martes, el juez José Artemio Zuñiga Mendoza  inició la audiencia relativa a la causa penal 211/2019.

Al inicio de la audiencia, el juez acreditó la personalidad de la defensa, de los representantes de la FGR y de los denunciantes.

Posteriormente, se reconoció la calidad de ofendidos directos a Pemex y la UIF, por lo que, se trata como inocente a Emilio Lozoya.

Lozoya confirmó a sus representantes legales y los designó como sus abogados. Los abogados de Lozoya en este caso son Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas.

Después de esto, se hizo una recapitulación del caso, contando la extradición del imputado.

El juez cumplimentó la orden de aprehensión contra Lozoya y procedió a leer los cargos que se le imputan.

Se especificó que el 25 mayo 2019 la FGR inició su causa contra Emilio Lozoya, como probable responsable de adquirir inmuebles con recursos de procedencia ilícita.

Se dio a conocer que se detectó la transferencia de 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta de la que es beneficiaria la hermana de Lozoya, sin que se identificara origen de la transferencia.

A Alonso Ancira, a través de Altos Hornos, se transfirieron los 3 millones de dólares a una cuenta cuyo beneficiario es la empresa Tochos Holding Limited, que a su vez tiene como titular ‘Gilda Susana L’.

En intervención del ministerio público, se reveló que 34 millones 234 mil pesos sirvieron para la compra de una casa en Ladera 20, interior 11 en colonia La Retana en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo: “que usted señor Emilio adquirió pero no pagó para ocultar el origen de los recursos del bien inmueble adquirido”.

Acusó a Emilio ‘L’ de que cuando ocupaba el cargo de director general de Pemex, donde tenía como funciones, entre otros, el portafolio de inversiones de Pemex y sus subsidiarias, alentó una actividad ilícita, ya que en julio de 2013, en sesión extraordinaria del Consejo de Administración, fue autorizada la compra de Agronitrogenados, una planta ubicada en Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz.

Emilio ‘L’, frente al Consejo, intervino con una participación donde expuso que era relevante no solo por la producción de fertilizantes sino de productos que Pemex podría tener a su disposición y que sería de gran importancia para la empresa.

Los 455 millones aprobados serían para la adquisición de los activos de la planta y los otros 200 millones para rehabilitación y modernización.

Mencionó que era un área extraordinaria para Pemex y que el precio de venta y el costo de producción serían menores, además de que era un asunto prioritario para el Gobierno de la República y buen negocio para la empresa.

El 20 de diciembre 2013 se hizo la compraventa de los activos de la planta de Agronitrogenados por Agroindustias SA de CV, empresa filial de Pemex como comprador y como vendedores Agronitrogenados, Agroinmuebles, Agromex SA de CV, entre otras, como obligados solidarios con el mismo representante.

“Alonso A”, resaltó el ministerio público, es accionista mayoritario de Altos Hornos de México, esto significó la retribución de usted al coimputado por contribuir al bien inmueble.

Emilio Lozoya tomó, posteriormente, la palabra:

“Agradezco se me informen los hechos que se me imputan.

Juez, mi compromiso fue renunciar al juicio extradición para que se aclare mi situación jurídica y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se imputan.

Asimismo, una aclaración de lo que se imputa, el inmueble al que se refieren fue declarado ante Secretaría de la Función Pública desde que comenzó mi gestión como director de Pemex, respecto a los recursos que se imputan lo aclararé al momento de presentar los datos de prueba”, señaló.

A las 10:58 el juez declara una pausa para ventilar los espacios y cumplir las medidas sanitarias.

En respuesta en la intervención del Ministerio Público, se informó que la Fiscalía General de la República ha solicitado la vinculación a proceso en contra de Emilio ‘L’.

En estos momentos se desarrolla la solicitud.

Lozoya refirió: “como comenta mi abogado, quisiera añadir y hacer de su conocimiento con relación  a los hechos objeto de esta investigación, fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado.

Asimismo, manifiesto a usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Es cuanto señoría”.

La FGR ofrece los datos de prueba y se espera que después de esto, se presenten los datos de prueba por parte de Lozoya.

Así, la FGR solicita la vinculación a proceso por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, el cual es perseguible de manera oficiosa, pero cuando se utiliza el sistema financiero mexicano hace falta la participación de la Secretaria de Hacienda, por ello se cuenta con la denuncia del señor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Inicio de audiencias este martes

“Les informo que la audiencia será mañana a las 9 de la mañana”, expresaron representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de México en un breve mensaje dirigido a los medios de comunicación.

La audiencia será desahogada a través de videoconferencia “dadas las condiciones de salud” de Lozoya, quien está hospitalizado desde su extradición de España el 17 de julio pasado, informó la Fiscalía General de la República en un mensaje en sus redes sociales.

 

 

El Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, dedicará esta audiencia a la formulación de imputaciones a Lozoya en la causa penal del caso “Agronitrogenados”, agregó.

Las partes involucradas “podrán acudir al centro de justicia a intervenir en la audiencia; o si lo prefieren, a través del sistema de video conferencia”, indicó la Fiscalía.

Principios que guiarán el proceso

Artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales:

Principio de publicidad: Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general.

Principio de contradicción: Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código.

Principio de continuidad: Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial.

Principio de concentración: Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este Código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento.

Principio de inmediación: Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva.

Principio de igualdad ante la ley: Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las persona.

Principio de igualdad entre las partes: Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen.

Principio de juicio previo y debido proceso: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un Órgano jurisdiccional previamente establecido.

Principio de presunción de inocencia: Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida.

Principio de prohibición de doble enjuiciamiento: La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos.

fuente: López-Dóriga Digital

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