Una investigación de la organización Ciudadanos Observando reveló que entre los años 2016 y 2018 del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto“, dependiente de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, que durante años ha atendido a la población más pobre de la entidad y ha vivido una situación económica difícil, compró más de 4.2 millones de pesos de medicamentos contra el cáncer a una red de empresas fantasmas, sustancias que aparecieron en una alerta de 2019 emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre fármacos falsificados.

De las compras estaría enterado el Gobernador saliente, el priista Juan Manuel Carreras López, señala el organismo ciudadano.

Los medicamentos presuntamente fraudulentos, son Herceptin (Trastuzumab) en frasco ámpula de 440 miligramos para combatir el cáncer de mama, detectado en compras del Hospital Central.

Ciudadanos Observando recordó que exgobernadores como Javier Duarte, del estado de Veracruz y César Duarte, de Chihuahua, fueron involucrados en compras de medicamentos oncológicos falsos, como ahora sucede con la administración carrerista de San Luis Potosí.

“El mandatario Juan Manuel Carreras López, tenía, desde hace dos años, pleno conocimiento de la utilización de empresas fantasmas en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, así como la existencia de medicamentos falsificados. Sin embargo, su encubrimiento fue evidente”, denunció la organización ciudadana.

Para el caso del Hospital Central, precisó, todas las compras se realizaron por adjudicación directa de su director, Francisco Alcocer Gouyonnet y fueron realizadas por Héctor Francisco Aguilar Martell, director administrativo.

Ciudadanos Observando citó los nombres de las empresas que facturaron los productos presuntamente falsificados y halló al menos una utilizada también por exdiputados: Dyjoma S. A. de C. V.; CDV Comercializadora S. A. de C. V.; Químicos en Desarrollo Carson S. A. de C. V.; Proveedora y Distribuidora de Medicamentos Gaat S. A. de C. V.; Station Business Group and Services S. A. de C. V.; Endo San Luis S. A. de C. V., y L&M S. A. de C. V., además de las personas físicas Grecia Marián Azuara Orta y Abraham Raymundo Ábrego Torres (EMCO).
La organización civil consideró que las autoridades están obligadas a realizar una investigación a fondo “para conocer a quiénes les fueron suministrados tratamientos donde se incluyó el medicamento presuntamente falsificado, ya que pudieron existir decesos de pacientes que no recibieron el tratamiento adecuado en hospitales públicos de San Luis Potosí”.

Por Redaccion

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