Human Rights Watch (HRW) urgió el martes al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a revertir su política ambiental por considerar que acelera la deforestación y alienta los “ataques y amenazas” contra los defensores de la selva amazónica.

“El gobierno del presidente Jair Bolsonaro debe dejar de debilitar la protección ambiental y adoptar medidas decisivas contra las redes criminales que destruyen la selva amazónica y amenazan y atacan a los defensores de la selva, incluyendo a agentes públicos y a habitantes de las comunidades locales”, destacó en su informe anual la entidad de defensa de los derechos humanos, con sede en Nueva York.

Datos oficiales preliminares muestran que desde enero de 2019, cuando el exmilitar ultraderechista asumió el poder, hasta diciembre, “la deforestación de la Amazonía aumentó más de 80%” respecto a 2018, en tanto que el número de multas ambientales se redujo un 25% entre enero y septiembre (últimas estadísticas disponibles).

“Sin prueba alguna, el gobierno culpó a oenegés, a voluntarios brigadistas y a pueblos indígenas de los incendios en la Amazonía y ha fracasado en su acción contra las redes criminales que derriban árboles y queman la selva para abrir paso a la agropecuaria”, prosigue la entidad.

“Los actos de intimidación por parte de grupos criminales en la Amazonía aumentaron significativamente en 2019 (…). Solamente en noviembre y diciembre, tres indígenas fueron asesinados”, prosigue.

Bolsonaro, un escéptico del cambio climático, ve las campañas internacionales de preservación de la Amazonía como una amenaza para la soberanía nacional y las atribuye a las intenciones de otros países de apoderarse de sus riquezas minerales.

El gobierno prepara el envío al Congreso de un proyecto de legalización de la explotación petrolera y gasífera y de construcción de presas hidroeléctricas en tierras indígenas.

HRW también denunció la adopción de “políticas contra los derechos humanos en asuntos relacionados con la libertad de expresión y la sociedad civil, aparte de las de medio ambiente y seguridad pública”.

Alertó en particular contra el proyecto de ley que “trataría automáticamente como actos de legítima defensa las muertes ocasionadas por policías o por militares de personas armadas de forma ostensiva o implicada en otros actos criminales”.

Aun sin esa ley, “la policía de Rio de Janeiro mató entre enero y noviembre a 1.686 personas, un número récord”, expuso la organización.

Muchas de esas muertes “ocurren en legítima defensa, pero otras resultan del uso ilegal de la fuerza” por parte de policías y militares, subaya HRW.

Fuente:AFP

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