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martes, abril 13, 2021

La ONU, “preocupada” por los planes de legalización de la cannabis en México

La JIFE, el órgano de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados antidrogas, se mostró preocupado por las iniciativas para legalizar el consumo recreativo de la cannabis en varios países, entre los que menciona a México, a los que recordó su obligación de cumplir las normas internacionales.

La JIFE sigue preocupada por las novedades legislativas de varios países en lo que respecta al consumo con fines no médicos del cannabis”, advirtió este órgano en su informe anual publicado hoy en Viena.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) recordó que los tratados solo permiten el uso médico y científico de la cannabis y que cualquier otro uso “socava la adhesión universal a los tratados internacionales de drogas”.

La Junta se refirió a estas obligaciones al recordar tanto iniciativas legales en Estados Unidos como el proceso abierto en México para regular el consumo lúdico de esa droga, al que solo falta su aprobación en el Senado.

En el caso concreto de México, el documento recordó el proceso legal abierto desde que en 2018 la Suprema Corte declarara inconstitucional la prohibición absoluta del consumo recreativo de la marihuana, y afirmó que “toma nota” de los cambios legislativos propuestos.

También indicó que seguirá en contacto con el Gobierno en este y otros asuntos relacionados con “sus obligaciones legales internacionales”.

En su informe, la JIFE advirtió de una “creciente epidemia de metanfetaminas” en México, y menciona que entre 2002 y 2016 la prevalencia de uso en la población general creció del 0.1 al 0.9 por ciento, una subida del 800 por ciento.

Además, señaló que las sobredosis por heroína detectadas en los últimos años se explican en la generalizada adulteración de esa droga con fentanilo, un analgésico sintético 50 veces más potente que ese opioide.

El reporte señaló también del impacto que la pandemia del COVID-19 tuvo en el narcotráfico y recalcó que el propio Gobierno identificó tres consecuencias: aumento de la violencia armada; diversificación de la actividad delictiva para compensar pérdida de ingresos, y fortalecimiento de grupos criminales.

 

 

fuente: López Dóriga Digital

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