🕯️ Dos años de Los Cantaritos: 10 muertos, 13 heridos y preguntas sobre el desenlace judicial ⚖️

El ataque armado del 9 de noviembre de 2024 dejó una de las tragedias más graves de los últimos años en Querétaro. Tres hombres fueron vinculados a proceso por los hechos, mientras que este lunes el gobernador Mauricio Kuri afirmó que ya hubo una sentencia, cuyo alcance no ha podido corroborarse públicamente.

Querétaro, Qro., 9 de noviembre de 2026.— Han transcurrido dos años desde aquella noche en la que un grupo de hombres armados irrumpió en el bar Los Cantaritos, ubicado sobre avenida Circunvalación, en la capital queretana, y disparó contra las personas que se encontraban en el establecimiento.

El saldo fue de diez personas asesinadas y otras trece lesionadas, de acuerdo con los reportes oficiales difundidos después de los acontecimientos.

La tragedia del 9 de noviembre de 2024 no solamente dejó víctimas mortales. También cambió la vida de quienes sobrevivieron al ataque y de las familias que enfrentaron sus consecuencias.

Dos años después, el caso vuelve a colocar en la discusión pública el estado de las investigaciones, las detenciones realizadas y las resoluciones que permitan establecer responsabilidades penales.

Tres personas vinculadas a proceso por el ataque

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro derivaron en la detención y vinculación a proceso de tres hombres identificados como José “N”, alias “Durango”; Roberto “N”; y Jorge “N”, alias “Snoopy” o “El Chispa”.

Los tres fueron señalados por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Las primeras dos detenciones se realizaron en noviembre de 2024, mientras que el tercer imputado fue capturado en agosto de 2025.

En marzo de 2026, el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que los tres permanecían bajo prisión preventiva y que el procedimiento penal se encontraba en etapa intermedia.

También señaló que se habían cumplimentado todas las órdenes de aprehensión pendientes relacionadas con esa investigación, aunque las autoridades podrían continuar desarrollando diligencias adicionales.

La vinculación a proceso permite continuar un procedimiento penal, pero no equivale a una sentencia condenatoria.

Kuri afirma que ya hubo sentencia

Este lunes 9 de noviembre, al recordar el segundo aniversario del ataque, el gobernador Mauricio Kuri González declaró que ya existen personas detenidas y que se dictó una sentencia.

“Lo de Los Cantaritos, yo creo que no hay palabras para decirle a la gente lo que sucedió hace dos años, ya hay detenidos y se sentenció”, expresó el mandatario, de acuerdo con los reportes publicados sobre sus declaraciones.

Sin embargo, la información consultada no permitió localizar una resolución judicial que precise quién habría sido sentenciado, por cuáles delitos y en qué fecha.

La declaración del gobernador representa una actualización respecto de la situación procesal que había informado la Fiscalía en marzo, cuando el caso todavía se encontraba en una etapa previa al juicio.

Por ello, resulta necesario conocer la información judicial que permita establecer qué procedimientos han concluido, cuáles continúan pendientes y qué resoluciones existen respecto de las personas imputadas.

Una investigación que alcanzó a presuntos integrantes de grupos criminales

Las primeras investigaciones apuntaron a que el ataque ocurrió en el contexto de una disputa entre organizaciones delictivas.

De acuerdo con información difundida por autoridades federales, la agresión habría estado dirigida contra personas presuntamente vinculadas con un grupo criminal rival.

El 20 de marzo de 2025, el Gabinete de Seguridad federal informó sobre la detención de nueve personas durante operativos realizados en Querétaro, Guanajuato y Yucatán.

Entre los detenidos se encontraban José Francisco “N”, alias “Alfa 1”, y Sandra “N”, alias “La Patrona”, señalados por las autoridades por su presunta participación dentro de una organización delictiva relacionada con hechos de violencia en la región.

Las autoridades federales vincularon a esa organización con el contexto criminal de Los Cantaritos.

Sin embargo, las detenciones federales no deben confundirse automáticamente con las tres personas sometidas al procedimiento penal estatal por el multihomicidio. Se trata de investigaciones cuyas responsabilidades y situaciones jurídicas deben distinguirse.

Tampoco puede atribuirse responsabilidad penal definitiva a una persona por el solo hecho de haber sido señalada o detenida.

Las víctimas y sus familias, más allá del expediente

La noche del 9 de noviembre de 2024 dejó diez personas fallecidas y trece heridas, pero el impacto de la violencia se extendió también a sus familiares y personas cercanas.

Las consecuencias de un ataque de esta magnitud no terminan cuando concluyen las primeras diligencias ministeriales.

Para las víctimas y sus familias, los procedimientos judiciales representan una parte del camino hacia el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes.

La investigación también plantea preguntas sobre la atención a las personas afectadas, la reparación integral del daño y el seguimiento institucional a quienes sobrevivieron.

La información pública disponible no permite establecer con precisión cuántas familias han recibido medidas de reparación ni cuáles procedimientos individuales han concluido.

Conocer esos datos también es importante para evaluar los resultados de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

Dos años después, ¿qué falta por esclarecer públicamente?

El caso Los Cantaritos continúa siendo una referencia inevitable al hablar de la violencia registrada en Querétaro durante noviembre de 2024.

La Fiscalía ha documentado detenciones, diligencias e investigaciones, mientras que el gobernador aseguró este segundo aniversario que ya existe una sentencia.

Ahora corresponde precisar públicamente el alcance de las resoluciones judiciales y el estado de los procedimientos relacionados con el ataque, dentro de los límites legales de protección a las víctimas y del debido proceso.

El esclarecimiento de la tragedia no depende únicamente de conocer cuántas personas fueron detenidas, sino también de saber qué responsabilidades han sido determinadas judicialmente y cuáles son las medidas de atención y reparación para las personas afectadas.

A dos años de aquella noche, diez personas perdieron la vida y trece sobrevivieron con lesiones. El seguimiento del caso permanece como un asunto de interés público para Querétaro.

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