El debate político previo a la marcha de la “Generación Z” ya generó posiciones encontradas entre los partidos de oposición. Mientras el PAN permitirá que sus militantes participen libremente en la movilización del 15 de noviembre, el PRI decidió mantenerse al margen para evitar que Morena use la asistencia de sus cuadros como pretexto para descalificar el movimiento ciudadano.
El dirigente estatal del PAN, Martín Arango, defendió el derecho de toda persona —sin importar filiación política— a manifestarse.
“Es una marcha genuinamente ciudadana. Todos tenemos derecho a participar, todos somos mexicanos y a todos nos duele la violencia”, afirmó.
El líder blanquiazul subrayó que Acción Nacional seguirá trabajando “desde el gobierno, los congresos y los municipios” para que México sea un país seguro, y que la ciudadanía no tenga que salir a las calles a exigir justicia.
Por su parte, el diputado panista Mauricio Cárdenas confirmó que asistirá “como ciudadano”, destacando que la marcha refleja el hartazgo por la violencia que azota al país.
“No voy a protagonizar ni politizar, pero sí participaré. La gente está cansada de los asesinatos, de la inseguridad, de que la autoridad no dé resultados”, expresó.
En contraste, la presidenta estatal del PRI, Abigail Arredondo, anunció que su partido no participará en la marcha “por respeto” al carácter ciudadano del movimiento.
“No queremos darle a Morena el pretexto de decir que esto es político. Vamos a respetar y a reconocer que esta manifestación surge del dolor y del hartazgo de la gente”, declaró.
Desde el Partido del Trabajo (PT), la diputada Claudia Díaz Gayou pidió a la ciudadanía evitar que la marcha sea utilizada con fines partidistas.
“El tema de la inseguridad viene arrastrándose desde gobiernos anteriores. Está bien que la gente se manifieste, pero sin politizar”, señaló.
La marcha del 15 de noviembre, convocada por jóvenes de la llamada “Generación Z”, promete convertirse en una de las movilizaciones más observadas de los últimos años, en medio de un clima de tensión entre el gobierno federal y los sectores críticos que denuncian la creciente ola de violencia en el país.
