El Congreso del Estado de Querétaro aprobó este miércoles un paquete de reformas para combatir prácticas ilegales que afectan a estudiantes y a personas endeudadas, al establecer penas de prisión y multas tanto para las llamadas “escuelas patito” como para la cobranza extrajudicial violenta, conocida como “gota a gota”.
En sesión del pleno de la LXI Legislatura, se avaló imponer penas de 3 meses hasta 4 años de prisión, además de multas de hasta 180 días, a propietarios o administradores de instituciones educativas que ofrezcan servicios para los cuales se requiere título y cédula profesional, sin contar con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), y que además omitan informarlo en su documentación y publicidad.
La reforma cobra relevancia al considerar que, en Querétaro, hasta 2024 se tenían 163 instituciones particulares registradas, pero solo 74 contaban con RVOE, es decir, 89 operaban sin la autorización necesaria para otorgar válidamente estudios, pese a estar registradas.
En la misma sesión, el Congreso aprobó la adición del Artículo 157 Bis al Código Penal, con el objetivo de sancionar la violencia, intimidación y amenazas utilizadas en el cobro de créditos, especialmente en la modalidad conocida como “gota a gota”, asociada con prestamistas informales y, en muchos casos, con grupos de delincuencia organizada.
La reforma define como cobranza extrajudicial ilegal aquella que recurre a violencia o intimidación ilícita para exigir el pago de deudas, generalmente con intereses excesivos y condiciones abusivas, fuera del sistema financiero formal.
Por este delito se impondrán penas de 2 a 6 años de prisión y multas de 350 a 500 días, a quien, por sí o por interpósita persona, utilice la violencia o amenazas para cobrar una deuda. Las sanciones aumentarán hasta en una mitad cuando el responsable se ostente como miembro de una organización delictiva, o cuando la víctima sea menor de edad, persona mayor de 60 años, o alguien en condición de vulnerabilidad.
Cabe recordar que ambas iniciativas ya habían sido aprobadas en comisión, y con su aval en el pleno se busca proteger a la ciudadanía, frenar fraudes educativos y prácticas de cobranza abusivas.
