Ciudad de México. — El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, presentó en el Senado de la República la iniciativa denominada “Querétaro por la Seguridad y la Justicia Especializada frente a Delitos de Alto Impacto cometidos por Adolescentes”, una propuesta que busca fortalecer el marco legal para atender casos excepcionales de violencia grave protagonizados por menores de edad.
La iniciativa, que previamente fue impulsada ante el Congreso del Estado de Querétaro, tiene como objetivo dotar a las autoridades de mayores herramientas jurídicas para combatir la impunidad en delitos de alto impacto, sin dejar de lado los principios de reinserción social para adolescentes.
Durante su visita a la Cámara Alta, el alcalde fue recibido por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, a quien entregó formalmente la propuesta para su análisis y posible discusión en el ámbito federal.
Chepe Guerrero destacó que la intención de esta iniciativa es proteger a las familias mexicanas, garantizar justicia para las víctimas y cerrar espacios de operación al crimen organizado que, en algunos casos, utiliza a menores de edad para la comisión de delitos.
«Entregué la propuesta de iniciativa de Ley que presenté en el Congreso Local para juzgar con medidas más severas a los menores que cometen delitos graves. Coincidimos en la necesidad de buscar mecanismos que permitan detener la violencia que enfrenta nuestro país, cuidar a nuestros jóvenes, proteger a las familias y garantizar que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes crezcan seguros y con oportunidades para construir un mejor futuro», expresó el edil.
El presidente municipal subrayó que la propuesta no pretende criminalizar a las juventudes, sino generar mecanismos especializados para responder a conductas de extrema gravedad, manteniendo al mismo tiempo políticas de prevención y reinserción social.
La iniciativa se suma al debate nacional sobre seguridad pública y justicia para adolescentes, en un contexto donde distintos sectores han planteado la necesidad de revisar los esquemas legales aplicables a menores involucrados en delitos de alto impacto.
