Las víctimas fueron atacadas con palos, tubos y patadas; uno de los agredidos murió por traumatismo craneoencefálico
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que siete hombres fueron sentenciados por los delitos de homicidio doloso y lesiones dolosas, tras una agresión ocurrida en diciembre de 2024 en el fraccionamiento Eduardo Loarca, en la capital queretana.
Los sentenciados fueron identificados como Juan Manuel “N”, César “N”, Carlos Uriel “N”, Pablo “N”, Gustavo Ángel “N”, Juan Carlos “N” y Luis Antonio “N”, quienes al momento de los hechos se encontraban como residentes de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Reforma Agraria.
De acuerdo con la investigación, el 27 de diciembre de 2024 tres personas se encontraban en el área de estacionamiento del fraccionamiento Eduardo Loarca cuando arribó un vehículo del que descendieron el encargado del anexo y los ahora sentenciados.
Posteriormente, las víctimas fueron brutalmente golpeadas con palos, tubos y patadas frente al domicilio donde se encontraban.
La Fiscalía detalló que una de las víctimas falleció dos días después, el 29 de diciembre de 2024, a consecuencia de una hemorragia derivada de traumatismo craneoencefálico, mientras que las otras dos personas sufrieron múltiples lesiones.
Para esclarecer el caso, la autoridad ministerial realizó una investigación integral que incluyó testimonios de las víctimas sobrevivientes, procesamiento de la escena, certificaciones médicas y análisis de videograbaciones captadas por sistemas estatal y municipal de videovigilancia.
Asimismo, se realizaron cuatro cateos en distintos centros de rehabilitación y fue asegurado el vehículo presuntamente utilizado durante la agresión.
Con estos actos de investigación, la Fiscalía logró identificar plenamente a los responsables, obtener órdenes de aprehensión y posteriormente su vinculación a proceso, permaneciendo todos en prisión preventiva.
Finalmente, durante un procedimiento abreviado y luego de declararse culpables, los siete imputados fueron condenados a siete años de prisión cada uno por los delitos de homicidio doloso y lesiones dolosas.
Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial impuso multas, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación privada y el pago de reparación del daño a víctimas directas e indirectas.
