Organizaciones y acompañantes acusan criminalización de la protesta tras intervención simbólica de balones instalados en el Jardín Zenea
Dos jóvenes manifestantes fueron detenidas en Querétaro durante una protesta realizada en el Jardín Zenea en solidaridad con Palestina y en apoyo a personas consideradas presas políticas, hecho que generó denuncias por presunta criminalización de la protesta social y violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con colectivos y personas acompañantes, las detenciones ocurrieron luego de que las manifestantes realizaran una intervención simbólica sobre los balones instalados como parte de actividades relacionadas con el Mundial.
El caso tomó mayor relevancia luego de que, según denunciaron los propios colectivos, el artista responsable de dichas piezas había señalado públicamente que los balones fueron creados precisamente para ser intervenidos por la ciudadanía.
Tras los hechos, familiares y acompañantes acusaron que las jóvenes fueron trasladadas fuera de la capital queretana y denunciaron presunto encapsulamiento, además de obstáculos para conocer su situación jurídica y poder acceder a la audiencia correspondiente.
Organizaciones y activistas señalaron que la respuesta de las autoridades fue desproporcionada frente a una expresión que calificaron como simbólica y pacífica.
“Manifestarse no es un delito”, expresaron a través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, donde exigieron respeto a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y a la disidencia política.
Entre las exigencias planteadas se encuentra información inmediata sobre el paradero y estado físico de las detenidas, acceso pleno a defensa jurídica, comunicación con sus familias y el cese de presuntos actos de hostigamiento contra personas acompañantes.
Asimismo, pidieron que no se utilicen figuras legales para criminalizar expresiones políticas y manifestaciones sociales.
El caso ha comenzado a generar debate en redes sociales y entre organizaciones civiles sobre los límites entre la protesta pública, el uso del espacio urbano y la actuación de las autoridades frente a manifestaciones políticas en Querétaro.
Hasta el momento, autoridades estatales no han emitido un posicionamiento amplio sobre las acusaciones realizadas por colectivos y familiares de las detenidas.
