En Querétaro crece la indignación ciudadana ante un presunto fraude millonario que, pese a las denuncias presentadas y los testimonios recabados, continúa estancado únicamente en etapa de investigación.
Aunque durante los testimonios algunas personas señalaron que podría haber decenas o incluso cientos de afectados, la denuncia formal actualmente presentada ante la Fiscalía General del Estado corresponde a 12 víctimas directas, quienes aseguran haber perdido importantes cantidades de dinero bajo un esquema de supuestas inversiones con ganancias rápidas.
Los denunciantes relatan que fueron convencidos de invertir recursos en operaciones relacionadas con compra y venta de vehículos, prometiéndoles rendimientos de hasta un 50% en pocos días. Al inicio, algunos pagos sí se realizaron, lo que generó confianza entre los participantes. Sin embargo, posteriormente comenzaron los retrasos, las excusas y finalmente la suspensión total de pagos.
Según los testimonios, muchas de las operaciones se realizaron mediante transferencias bancarias y acuerdos verbales, principalmente a través de mensajes y conversaciones digitales, sin contratos formales que garantizaran la recuperación del dinero.
Lo que hoy genera mayor molestia entre las víctimas no es únicamente el monto económico perdido, sino la falta de avances visibles en el proceso judicial.
De acuerdo con los afectados, ya existen denuncias formales, evidencia documental, conversaciones, comprobantes de transferencias y señalamientos directos contra los presuntos responsables. A pesar de ello, la carpeta de investigación sigue sin judicializarse.
La exigencia ciudadana comienza a crecer porque, mientras las víctimas aseguran haber entregado importantes cantidades de dinero y continúan esperando justicia, las autoridades no han informado públicamente sobre acciones contundentes, órdenes judiciales o avances relevantes en el caso.
En Querétaro, otros casos de fraude financiero y esquemas de inversión irregular sí han avanzado rápidamente hacia procesos judiciales. Por ello, los denunciantes cuestionan por qué este asunto permanece únicamente en integración de carpeta y sin ser llevado ante un juez.
Hoy, las víctimas lanzan un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado:
Que la carpeta de investigación sea judicializada de inmediato.
Que el caso deje de permanecer únicamente en análisis.
Y que las autoridades determinen, conforme a derecho, si existen responsabilidades penales que perseguir.
Porque mientras el expediente continúa detenido, hay familias afectadas, ciudadanos endeudados y personas que aseguran haber perdido ahorros de años completos de trabajo.
La ciudadanía queretana merece respuestas.
Pero sobre todo, merece justicia.
