Aguascalientes.– La renuncia de Claudio Azul Bañuelos Jurado, juez penal de 24 años de edad, considerado el juez penal más joven del país, reavivó el debate nacional sobre la idoneidad, preparación técnica y madurez jurídica de quienes acceden a cargos jurisdiccionales en materia penal.
La salida del juzgador se produce luego de fuertes críticas públicas derivadas de su actuación en audiencia, donde cometió un error grave al vincular a proceso a una víctima, una falla considerada inadmisible dentro del sistema de justicia penal.
De acuerdo con lo ocurrido durante la diligencia judicial, el error tuvo que ser corregido por la propia defensa, lo que evidenció deficiencias en la conducción del proceso, así como riesgos reales para el debido proceso y la seguridad jurídica de las personas involucradas.
Especialistas en derecho penal advirtieron que un error de esta naturaleza no es menor, ya que puede traducirse en violaciones a derechos humanos, nulidades procesales, afectaciones a la libertad personal y daños irreparables a las partes, especialmente cuando se trata de víctimas.
La designación de jueces jóvenes ha sido defendida en algunos sectores como una apuesta por la renovación institucional; sin embargo, el caso de Bañuelos Jurado abrió cuestionamientos sobre si los filtros, requisitos y criterios de selección garantizan realmente la capacidad técnica y experiencia mínima necesarias para desempeñar una función tan delicada como juzgar en materia penal.
Aunque la renuncia del juez cierra su caso personal, no clausura el debate de fondo. Diversas voces han señalado la urgencia de revisar los mecanismos de acceso al Poder Judicial, recordando que la justicia no se improvisa ni se aprende con vidas ajenas.
En un contexto donde la legitimidad de las instituciones judiciales es constantemente cuestionada, el caso vuelve a poner sobre la mesa una exigencia central: juzgar requiere preparación, ética, responsabilidad y experiencia, no solo edad ni nombramientos acelerados.
