Luego de que la Fiscalía General de Querétaro retirara los cargos en contra de una menor del municipio de Huimilpan acusada de homicidio, el colectivo feminista Adax Digitales, a través de su representante Mayra Dávila, expresó su respaldo a la familia de la joven y señaló que buscarán una reparación del daño. La familia decidirá si se solicitará una disculpa pública, en tanto se investigue la actuación de los funcionarios involucrados en el caso.

Dávila indicó que el proceso fue difícil tanto para la menor como para su familia y calificó el avance de la investigación, que presentaba múltiples deficiencias, como un “absurdo”. Aclaró que la decisión de retirar los cargos no fue un acuerdo político, sino una determinación basada en la inocencia de la joven. “Esto es un triunfo de la verdad jurídica”, comentó Dávila, refiriéndose a la decisión de la fiscalía.

Investigarán a funcionarios por presuntas omisiones en el caso

Adax Digitales informó que, debido a deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, se realizará una investigación sobre la actuación de al menos cuatro funcionarios, quienes estaban encargados de brindar contención psicológica, asesoría jurídica y la evaluación médica forense de la menor. Dávila subrayó la importancia de tomar medidas contra los funcionarios que actuaron de forma inadecuada en el caso: “El objetivo ahora es garantizar que los servidores que hicieron mal su trabajo no se encuentren más dentro de la fiscalía”.

 Respaldo a la familia y dignidad de la joven

Dávila reiteró su respaldo a la familia de la menor, que ha demostrado su compromiso en la búsqueda de justicia y dignidad para la joven. “El papá de Estela ha hecho todo por protegerla y seguirá haciendo todo por buscar su dignidad,” afirmó la representante de Adax Digitales, reconociendo el esfuerzo de los familiares por acompañar a la menor durante el proceso y luchar por la recuperación de sus derechos.

La decisión de retirar los cargos y las investigaciones adicionales contra los funcionarios representan un avance en la defensa de los derechos de la menor y destacan la necesidad de mejorar los procesos en casos sensibles, protegiendo tanto la integridad de los afectados como la calidad en la administración de justicia.

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