El presidente declaró que sus detractores están recurriendo a la desesperación en sus intentos por desprestigiarlo.
Andrés Manuel López Obrador, líder del Ejecutivo, desestimó las afirmaciones que lo vinculan con recibir financiamiento del crimen organizado para su campaña electoral de 2006, tachándolas de difamatorias y subrayando la ausencia de evidencia que sustente tales acusaciones. Destacó que estos señalamientos emergen en un contexto de campaña electoral en el país.
El presidente señaló que la génesis de estas acusaciones proviene de fuentes internacionales, interpretándolas como parte de una estrategia de descredito que trasciende las fronteras mexicanas. Subrayó que este esfuerzo por manchar su reputación también refleja el reconocimiento a los logros significativos alcanzados por México bajo su administración en los últimos años.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que las acusaciones de financiamiento por parte del crimen organizado a su campaña de 2006 no solo provienen de la DEA, sino de instancias “más arriba”, aunque eximió al presidente Joe Biden, a quien consideró “muy respetuoso” hacia México. Sin embargo, apuntó directamente al Departamento de Estado de EE. UU. como responsable de permitir lo que calificó como prácticas inmorales y contrarias a la ética política.
Durante una conferencia de prensa, López Obrador aclaró que no emprenderá acciones legales formales contra los medios o periodistas, pero sí denunció al gobierno estadounidense por estas acciones. Expresó su confianza en que Biden se pronunciará al respecto, aunque no anticipó una respuesta específica del presidente estadounidense. Resaltó la relación de igualdad y honestidad mantenida con Biden.
En el contexto de las elecciones presidenciales de 2006, López Obrador, entonces candidato del PRD, fue derrotado por Felipe Calderón del PAN por un estrecho margen de 0.56%, equivalente a 240 mil votos. Tras los resultados, organizó una protesta masiva en el Paseo de la Reforma el 30 de julio, que duró más de 45 días y culminó el 14 de septiembre, exigiendo el recuento de votos y estableciendo 47 campamentos en lo que entonces se conocía como Distrito Federal.
