En un escenario que refleja la lucha de comunidades marginadas por el acceso a un recurso básico, habitantes del municipio de Arroyo Seco, en la Sierra Gorda queretana, se manifestaron en las instalaciones regionales de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para exigir la eliminación de tarifas exorbitantes y cuestionar la calidad del agua potable suministrada en la región.
Respaldados por el diputado federal Gilberto Herrera Ruiz, los pobladores denunciaron cobros de hasta 24 mil pesos por contrato e instalación de medidores, lo que consideran un abuso por parte del gobierno estatal.
Un abuso económico en comunidades vulnerables
El legislador, representante de los municipios de la Sierra Gorda y el Semidesierto, calificó como «indignante» que la CEA imponga tarifas inalcanzables para familias en situación de pobreza extrema, particularmente cuando la infraestructura hidráulica en la región fue financiada en un 80% por recursos federales.
Según Herrera, el costo real de los medidores varía entre 600 y 800 pesos, pero el gobierno estatal ha impuesto cobros desproporcionados. Aunque la CEA ofreció un descuento del 50%, el pago final de 14 mil pesos con intereses sigue siendo inaccesible para la mayoría de los afectados.
“Es inadmisible que en las zonas donde se origina el agua para abastecer al estado, las comunidades tengan que pagar precios inhumanos por el acceso a este recurso esencial”, expresó el diputado.
Utilidades millonarias de la CEA cuestionadas
Gilberto Herrera mencionó un estudio de la Universidad Autónoma de Querétaro que revela que la CEA genera utilidades anuales de casi 800 millones de pesos, lo que desestima cualquier argumento sobre problemas financieros. Por ello, hizo un llamado a la Junta Directiva de la CEA para exentar estos cobros en comunidades marginadas y extender el beneficio al resto del estado.
Además, habitantes de Jalpan de Serra denunciaron que, incluso con contratos vigentes, llevan dos meses sin agua potable, viéndose obligados a comprar agua de pipas privadas por 200 pesos por metro cúbico. “Esto no es solo una muestra de ineficiencia, sino una deshumanización de la gestión del agua como recurso público”, añadió el legislador.
Preocupación por calidad del agua y casos de cáncer infantil
Otro tema que genera alarma es la calidad del agua potable suministrada en la Sierra Gorda. Herrera señaló que personal de la CEA no pudo confirmar si la planta potabilizadora cuenta con filtros para metales pesados como plomo y arsénico, un requerimiento crítico considerando que el agua proviene de una región con alta actividad minera en Pinal de Amoles. Estudios químicos realizados en 2021 ya habían señalado que el agua no cumplía con las normas de calidad, lo que podría estar relacionado con un aumento en los casos de cáncer infantil en la región.
“Es una vergüenza que, mientras se priorizan proyectos como la presa de El Batán para abastecer a grandes industrias, las familias en la Sierra Gorda enfrenten un riesgo de salud inminente por el agua que consumen”, afirmó el diputado.
El agua: ¿derecho humano o mercancía?
Herrera también respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado que el agua no debe considerarse una mercancía, sino un derecho humano fundamental. “El gobernador Mauricio Kuri debe garantizar la cantidad, calidad y accesibilidad del agua antes de priorizar intereses empresariales”, sentenció.
El caso pone en evidencia las deficiencias en la gestión hídrica estatal y la falta de transparencia en el manejo de recursos, lo que ha generado descontento entre la población y cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno.
