El grupo parlamentario de Morena ha dado un paso atrás al retirar la modificación propuesta para el artículo 1 de la Constitución Mexicana, que trataba sobre el control de convencionalidad, tras las fuertes críticas recibidas. Sin embargo, la iniciativa de Supremacía Constitucional, que busca reformas en contra de resoluciones del Poder Judicial, sigue adelante con cambios a los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución.
Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, informó que la propuesta de modificación al artículo 1, que señalaba que “en ningún caso pueden ser inaplicadas las normas relativas a los derechos humanos por medio de control de convencionalidad”, será retirada en la reunión de Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores, prevista para el 23 de octubre a las 10:00 horas.
La decisión se tomó después de analizar la viabilidad jurídica y política de dicha modificación. El retiro del artículo busca evitar debates innecesarios, según explicó el propio Adán Augusto López en una entrevista.
Continúa la Supremacía Constitucional
A pesar del retiro del artículo 1, Morena seguirá impulsando la iniciativa de Supremacía Constitucional, con especial enfoque en la reforma del Poder Judicial. Los cambios propuestos a los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución establecen que no se admitirán juicios, amparos o recursos en contra de las reformas constitucionales, así como tampoco acciones de inconstitucionalidad que busquen impugnar disposiciones en materia electoral.
La iniciativa establece que cualquier juicio o recurso en proceso que cuestione la validez de una reforma constitucional será desestimado y sobreseído, consolidando así una barrera frente a la intervención judicial en las reformas de la Carta Magna.
Esta medida ha generado reacciones diversas, con críticas por parte de sectores que ven en ella un intento por limitar el control judicial sobre las reformas constitucionales y blindar modificaciones futuras de posibles impugnaciones. Por su parte, Morena sostiene que las propuestas están alineadas con el marco legal existente en la Ley de Amparo y que buscan fortalecer la supremacía de la Constitución.
El debate sobre estas reformas se mantiene en el centro de la agenda política del país, con implicaciones directas sobre el funcionamiento del Poder Judicial y el marco constitucional de México.
