Una confrontación entre activistas en Chihuahua detonó una polémica nacional que mezcla identidad de género, pensiones alimentarias, denuncias ante fiscalías especializadas y acusaciones de un posible uso indebido de cambios registrales.
Integrantes de la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses alertaron sobre lo que consideran un presunto fenómeno de “usurpación” de identidad de género. Según su postura, algunas personas podrían estar realizando modificaciones en sus actas de nacimiento con el propósito de obtener ventajas en procesos legales, evadir obligaciones o utilizar instituciones de atención a mujeres en contra de activistas.
Durante una rueda de prensa, Mayté Regina Gardea, Tania Denisse Lozano Lara, Leonora Rossetti y Yicsi Sígala afirmaron que el reconocimiento de identidad de género es un derecho humano conquistado por la lucha de las personas trans, pero advirtieron que no debe ser utilizado como una herramienta para cometer fraude a la ley.
Las activistas señalaron que esta práctica, de comprobarse, pondría en riesgo a mujeres, infancias y a las propias personas trans, pues podría saturar o desviar recursos de fiscalías y espacios especializados en la atención de violencia de género.
El colectivo aseguró que su pronunciamiento fue respaldado por alrededor de 700 organizaciones, personas defensoras de derechos humanos y activistas de la diversidad sexual y de género.
De acuerdo con su planteamiento, no buscan restringir el derecho al libre desarrollo de la personalidad ni impedir que una persona ejerza su identidad de género. Lo que exigen es que autoridades, fiscalías, juzgados y organismos de derechos humanos cuenten con protocolos especializados para investigar posibles simulaciones o cambios oportunistas cuando existan indicios de que se pretenden utilizar para evadir responsabilidades legales o afectar a terceros.
Durante la conferencia fueron mencionadas cuatro personas: Raúl Eduardo R.D., Obed Aarón T.O., Julián R. J. y Juan Antonio V. V. Las activistas afirmaron que estas personas habrían realizado modificaciones en sus documentos oficiales y después acudido a instancias de procuración de justicia para presentar denuncias.
También acusaron públicamente al diputado panista Carlos Olson de presuntamente apoyar uno de los trámites de cambio de identidad en Jalisco.
Sin embargo, Raúl Eduardo R.D. y Obed Aarón T.O. respondieron a los señalamientos mediante un derecho de réplica.
Ambas personas se identifican como mujeres trans, lesbianas y madres no gestantes. Han explicado que tienen una apariencia o expresión masculina, situación que generó múltiples reacciones en redes sociales; no obstante, la apariencia física, la ropa o el vello facial no determinan por sí mismos la identidad de género de una persona.
Las dos mujeres trans negaron que sus cambios registrales tengan como finalidad evadir obligaciones familiares, alimentarias, judiciales o administrativas.
Afirmaron que el reconocimiento legal de identidad de género no elimina ni suspende responsabilidades derivadas de la filiación, incluidas las obligaciones alimentarias respecto de hijas e hijos.
También sostuvieron que no existe una resolución judicial firme que las declare deudoras alimentarias, ni una sentencia que establezca que sus cambios registrales fueron fraudulentos o realizados para evadir la justicia.
Respecto a los señalamientos contra Carlos Olson, negaron que el diputado haya financiado, gestionado o participado en sus trámites. Asimismo, denunciaron amenazas posteriores a la confrontación pública y expresaron preocupación por su seguridad y la de sus hijas.
La controversia deja dos posturas enfrentadas: por un lado, activistas que demandan mecanismos para evitar que derechos creados para proteger a poblaciones vulnerables sean presuntamente utilizados con fines ilegales; por otro, personas señaladas que afirman ser víctimas de acusaciones sin una resolución judicial que las compruebe.
Hasta ahora, no se ha informado públicamente de una sentencia firme que confirme que las personas mencionadas hayan utilizado un cambio de identidad para evadir pensiones alimentarias o responsabilidades legales. El caso continúa en el terreno de las acusaciones públicas, las réplicas y la exigencia de que las autoridades investiguen con respeto al debido proceso.
