En Querétaro, la actividad de las trabajadoras sexuales sigue generando debate. El secretario técnico de la Secretaría de Gobierno del Municipio, Juan Carlos Arreguín, confirmó que el gobierno municipal no ha declarado ni autorizado una “zona de tolerancia” para el ejercicio del sexo servicio, lo que ha generado un escenario de incertidumbre tanto para quienes desempeñan esta actividad como para los habitantes de diversas zonas de la ciudad.
“Hoy ninguna trabajadora sexual tiene autorización para establecerse dentro de alguna porción territorial del municipio de Querétaro,” afirmó Arreguín.
El funcionario recordó que, tras un operativo conjunto entre autoridades municipales y estatales, se solicitó a las trabajadoras sexuales que se retiraran de las inmediaciones de la Alameda Hidalgo, una medida que fue acatada en su momento. Sin embargo, en días recientes, algunas intentaron reinstalarse en la colonia San Francisquito, lo que fue nuevamente supervisado y contenido por las autoridades.
Zona de tolerancia: un tema pendiente
Pese a las demandas de diversos sectores sociales y a la necesidad de regulación, el municipio no ha logrado establecer una zona de tolerancia para esta actividad debido al rechazo ciudadano. Juan Carlos Arreguín explicó que cualquier intento de diálogo con vecinos en zonas consideradas ha sido rechazado categóricamente.
“En las áreas en las que se ha intentado llegar a acuerdos con los vecinos, hay un rechazo total a que permanezcan las trabajadoras sexuales,” subrayó.
El secretario técnico también se refirió a la situación en la zona de Río Ayutla, indicando que, aunque se ha convertido en un punto donde estas actividades se ejercen de manera semi-permitida, esta situación no cuenta con respaldo legal, siendo más bien una “tolerancia de facto.”
Un problema sin solución clara
La falta de regulación formal y la oposición vecinal han dejado a las trabajadoras sexuales en un limbo legal y social. Por un lado, enfrentan operativos de desalojo en espacios públicos, y por otro, no cuentan con un espacio regulado para ejercer su actividad, lo que incrementa su vulnerabilidad.
La comunidad sigue dividida, mientras las autoridades municipales reiteran que no hay disposición para declarar zonas de tolerancia, dejando un vacío que genera tensiones sociales.
