El diputado Enrique Correa Sada presentó dos iniciativas para evitar que deudores alimentarios evadan el pago de pensiones al salir del país o establecerse en el extranjero, con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en Querétaro.
Las propuestas contemplan reformas al Código Penal y al Código Civil del Estado, con la intención de fortalecer los mecanismos legales que obliguen a los responsables a cumplir con sus obligaciones alimentarias.
La primera iniciativa plantea modificar el artículo 211 del Código Penal para que las sanciones aumenten hasta en una mitad cuando un deudor alimentario abandone el país o cambie su residencia al extranjero con el fin de evadir el pago de la pensión ordenada por un juez.
Además, se propone sancionar a quienes ayuden al deudor a ocultarse, declararse insolvente o evadir la acción de la justicia, con el objetivo de evitar que terceros participen en este tipo de prácticas.
La segunda iniciativa propone reformas al Código Civil del Estado para que los jueces puedan dictar medidas preventivas cuando exista riesgo de que el deudor salga del país para evitar sus responsabilidades.
Entre las medidas contempladas se encuentran exigir garantías adicionales, solicitar el depósito anticipado de pensiones, constituir fideicomisos para asegurar el pago o incluso asegurar bienes de manera precautoria.
Asimismo, cuando el deudor se encuentre en el extranjero o se desconozca su paradero, se plantea que las autoridades puedan activar mecanismos de cooperación jurídica nacional e internacional para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria.
El legislador señaló que estas iniciativas buscan cerrar vacíos legales que permiten a algunos deudores evadir sus responsabilidades familiares aprovechando la movilidad internacional.
“El derecho de alimentos es fundamental para garantizar el bienestar y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Nadie debería poder evadir esa responsabilidad simplemente saliendo del país”, expresó.
Durante la presentación de la iniciativa también se escuchó el testimonio de Ángela Ramírez Suárez, quien impulsó esta propuesta tras enfrentar una situación relacionada con el incumplimiento de pensión alimenticia.
“Muchísimas mujeres estamos en esta situación. Lo que quiero es proteger los derechos de mis hijos y de muchos niños que existen en todo Querétaro y en el país. En mi caso es un caso real que no me gustaría que se quedara impune”, señaló.
