Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, siempre que existan “indicios suficientes” de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
La resolución deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, promovida por un grupo de senadores tras la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito en 2022. El proyecto, presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, fue aprobado por mayoría, aunque contó con votos en contra de algunos ministros que advirtieron posibles riesgos a la seguridad jurídica.
Entre los argumentos en contra, se señaló que el congelamiento de cuentas podría implicar una acción de carácter penal basada en sospechas, así como la posibilidad de otorgar a la UIF facultades demasiado amplias. No obstante, la mayoría de la Corte respaldó el criterio de que se trata de una medida administrativa y preventiva.
La ministra ponente defendió que esta herramienta es clave para combatir al crimen organizado, al señalar que estas estructuras se sostienen mediante redes financieras complejas que permiten mover y ocultar recursos ilícitos. De acuerdo con estimaciones, los flujos vinculados al narcotráfico entre países como México, Estados Unidos y Colombia podrían alcanzar hasta 80 mil millones de dólares al año.
Asimismo, se destacó que la legislación contempla mecanismos para que las personas afectadas puedan ejercer su derecho de audiencia y defensa, con procedimientos y plazos establecidos.
Con esta resolución, las autoridades buscan fortalecer las herramientas para frenar el lavado de dinero y debilitar las finanzas de grupos delictivos que operan a gran escala.
