La violencia irrumpió en un domicilio… y dejó tres vidas apagadas. Meses después, la justicia alcanzó a los responsables.
Un Juez dictó una sentencia de 600 años de prisión en contra de cinco personas señaladas por su participación en un triple homicidio ocurrido en el municipio de Metepec, Estado de México, un caso que marcó a la comunidad por la forma en que se desarrollaron los hechos.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los ahora sentenciados —identificados como César Leopoldo Avelizapa Hernández, María Fernanda Ruiz Cervantes, Agustín Mendoza Palacios, Cristian Saúl Morando Vázquez y Diego Flores Gallegos— formaban parte de una célula delictiva vinculada a actividades de alto impacto en la región del Valle de Toluca.
Los hechos ocurrieron el 11 de enero de 2025, en la comunidad de San Miguel Totocuitlapilco. Dentro de una vivienda, tres hombres se encontraban reunidos cuando, desde el exterior, comenzó una agresión que en cuestión de segundos escalaría a un ataque armado.
Según las investigaciones, uno de los implicados inició con agresiones verbales mientras se confirmaba la presencia de las víctimas dentro del inmueble. Poco después, se detonaron armas de fuego contra quienes se encontraban en el interior, sin darles oportunidad de escapar o resguardarse.
Mientras el ataque se consumaba, otros integrantes del grupo permanecían en el exterior realizando labores de vigilancia. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, dejando una escena marcada por la violencia y el impacto en la comunidad.
El avance de las investigaciones permitió identificar y detener a los implicados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron su participación en el delito de homicidio calificado en agravio de tres personas.
La sentencia estableció 120 años de prisión para cada uno de los responsables, sumando un total de 600 años. Además, deberán pagar una multa económica, la reparación del daño a las víctimas y enfrentar la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Más allá de la cifra, el caso deja una huella profunda: tres vidas perdidas, familias afectadas y una comunidad marcada por un hecho que evidencia la magnitud de la violencia… y el peso de sus consecuencias.
