Querétaro, Qro. Josefina Arellano Chávez, maestra jubilada de 62 años, interpuso una demanda contra el Municipio de Querétaro para exigir la reparación del daño, luego de sufrir un accidente que le provocó la pérdida de la visión en su ojo izquierdo.
La docente relató que los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo de 2025, cuando caminaba por una banqueta donde coexistían diversas condiciones que dificultaban el paso peatonal, entre ellas un árbol que invadía gran parte de la acera y un hoyo derivado de trabajos de telefonía previamente autorizados por el Ayuntamiento.
De acuerdo con su testimonio, al intentar pasar por un espacio reducido perdió el equilibrio y cayó hacia una excavación que permanecía sin ser reparada, impactando directamente su ojo contra una piedra que se encontraba en el lugar.
“Mi ojo cayó sobre una piedra en ese espacio”, explicó la afectada, quien señaló que la lesión derivó en una grave afectación ocular.
Tras el accidente, Josefina sufrió una explosión ocular, lesión que la obligó a someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas y a recibir atención de al menos 25 especialistas, además de enfrentar importantes gastos médicos.
La profesora aseguró que, más allá de la indemnización que reclama, busca que las autoridades mejoren las condiciones de movilidad peatonal en la ciudad.
“Hay cuadras completas donde no se puede transitar sobre las aceras porque árboles y otros obstáculos obligan a los peatones a caminar sobre la calle, poniéndolos en constante riesgo”, expresó.
Por su parte, su representante legal, Magdiel Hernández Tinajero, informó que se inició un procedimiento para solicitar una reparación integral del daño; sin embargo, acusó que las autoridades municipales han rechazado diversas pruebas periciales relacionadas con el caso.
Según explicó, el municipio argumentó que la afectación en la banqueta ya fue reparada después del accidente, por lo que algunas diligencias periciales no podrían realizarse en las condiciones originales en las que ocurrió el hecho.
El abogado sostuvo que el objetivo del procedimiento es sentar un precedente en materia de responsabilidad de las autoridades y protección de los derechos humanos de las personas afectadas por posibles omisiones en el mantenimiento de espacios públicos.
Mientras el caso continúa su curso legal, Josefina Arellano espera que las autoridades reconozcan los daños sufridos y que se implementen acciones que eviten que otras personas enfrenten situaciones similares.
Con informacion de La Jornada
