Conducir en Querétaro implica más que respetar los señalamientos y portar una licencia vigente. El Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro establece un sistema de puntos que, al acumular determinadas infracciones, puede derivar en la cancelación de la licencia de conducir.

De acuerdo con la normativa, cada infracción suma puntos al historial del conductor, los cuales permanecen vigentes durante un año. En el caso de quienes obtienen su licencia por primera vez, durante los primeros dos años las infracciones cuentan al doble, lo que acelera la acumulación de puntos.
Entre las faltas que generan un punto se encuentran utilizar el claxon sin causa justificada, circular en sentido contrario, realizar vueltas prohibidas, cambiar de carril sin usar direccionales, rebasar indebidamente o no mantener la distancia de seguridad entre vehículos.
Las infracciones de tres puntos corresponden a conductas de mayor riesgo, como insultar o agredir a un agente de tránsito, desobedecer sus indicaciones, intimidar a otros conductores con el vehículo, no ceder el paso a unidades de emergencia o incumplir las reglas de circulación en zonas escolares.
Las sanciones más severas son de seis puntos y se aplican a quienes conduzcan en estado de ebriedad, bajo los efectos de drogas o con niveles de alcohol superiores a los permitidos. Además de la acumulación de puntos, estas conductas pueden implicar multas de entre 50 y 60 UMA, así como arresto administrativo, conforme a la legislación vigente.
Cuando un conductor acumula 12 puntos, la autoridad inicia un procedimiento administrativo que puede concluir con la cancelación de la licencia de conducir. En caso de que esto ocurra, la persona no podrá obtener, renovar ni reponer una nueva licencia durante tres años. Una vez transcurrido ese periodo, deberá acreditar un curso de manejo, educación y seguridad vial para volver a tramitarla.
El reglamento también contempla mecanismos para reducir el historial de infracciones. Los conductores pueden descontar hasta tres puntos por año al aprobar un curso de educación vial autorizado por la Secretaría o mediante trabajos comunitarios relacionados con la seguridad vial.
Las autoridades exhortan a los automovilistas a conducir con responsabilidad y conocer las disposiciones vigentes para evitar sanciones que, además de afectar su economía, podrían impedirles conducir legalmente.

