La reciente entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, fundadores de Los Zetas, fue una medida para evitar su posible liberación o el retraso de sus procesos de extradición, según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
⚖️ ¿Por qué se enviaron a EE.UU.?
García Harfuch explicó que algunos de estos criminales de alto perfil corrían el riesgo de ser liberados por jueces o de que sus extradiciones se siguieran posponiendo, como ya ha ocurrido en casos previos. Destacó que los 29 detenidos cometieron delitos atroces en México y representaban una amenaza para la seguridad nacional tanto en el país como en Estados Unidos.
Además, aseguró que el traslado se realizó con estricto apego a protocolos institucionales, garantizando el respeto a los derechos humanos de los extraditados, quienes fueron acompañados por personal médico y jurídico.
❌ No fue una extradición, sino un procedimiento especial
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que este proceso no fue una extradición formal, sino una medida basada en la Ley de Seguridad Nacional, específicamente en el Artículo 5, lo que permitió ejecutar la entrega sin violar suspensiones o amparos.
Gertz Manero detalló que el gobierno estadounidense presentó una solicitud formal por escrito, la cual fue analizada de inmediato por el Consejo Nacional de Seguridad, y se determinó que se cumplían las bases jurídicas necesarias para proceder con el traslado.
⚠️ ¿Enfrentarán pena de muerte?
Sobre la posibilidad de que seis de los extraditados, incluido Caro Quintero, puedan enfrentar la pena de muerte, el fiscal Gertz Manero pidió no especular, ya que esto depende exclusivamente del juez que lleve su caso en Estados Unidos.
«Las sanciones procesales las determinan los jueces, no el Departamento de Estado, y tenemos acuerdos de colaboración que establecen que México, al no contemplar la pena de muerte, debe garantizar que no se aplique en casos de ciudadanos mexicanos», afirmó el fiscal.
El envío de estos 29 narcotraficantes marca un precedente en la relación de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, pero también genera cuestionamientos sobre el impacto que podría tener en el sistema judicial del país.
