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Jueces y magistrados afirman que sin jueces independientes, no puede haber democracia ni Estado de Derecho, en referencia a la reforma propuesta por AMLO.

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Feb 6, 2024

Indicaron que la reforma sugerida por AMLO constituye una intrusión total en la independencia judicial y fomenta la vulneración de los derechos humanos.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) manifestó su inquietud ante la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo Federal, la cual busca modificar el método de selección de los jueces federales. Esta modificación representa una clara interferencia en la independencia judicial y promueve el riesgo de perjudicar los derechos humanos.

Jufed expresó su rechazo a la narrativa que se ha generado en torno a los jueces federales, pintándolos como opositores políticos, cómplices de intereses particulares y corruptos. Según la asociación, el objetivo detrás de esta campaña de desprestigio es desacreditar a los jueces ante la opinión pública.

 

La Asociación destacó que el propósito detrás de la reforma es, en realidad, eliminar el equilibrio de poderes que establece la Constitución, con el fin de justificar dicha reforma. Enfatizó que esta modificación atenta contra el derecho de independencia judicial y, consecuentemente, contra el derecho de acceso a la justicia de todos los mexicanos.

El organismo subrayó que los jueces federales están comprometidos exclusivamente con la Constitución, y no con partidos políticos o cualquier otro actor externo. Esto se refleja en su papel como garantes de derechos fundamentales de los ciudadanos, como la salud, la vida y la libertad, los cuales podrían verse comprometidos si la justicia se ve influenciada por asignaciones partidistas.

Se resaltó que la labor de los jueces no busca la aprobación popular, sino la aplicación fiel de la Constitución y las leyes derivadas de ella. La organización remarcó que, según mandatos de la ONU, la independencia judicial debe ser asegurada por el Estado y establecida claramente en la Constitución o en la legislación nacional.

“Todas las entidades gubernamentales y otras deben adherirse a este principio. Contravenirlo no sólo va en contra de la Constitución, sino también contra los cimientos de nuestra democracia.

“Sin jueces independientes, no existe democracia, Estado de Derecho, ni seguridad para el progreso de México”, declaró la Jufed.

Además, se enfatizó que la propuesta de reforma contradice el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución, fruto de un largo proceso histórico de lucha por parte de las fuerzas políticas y la ciudadanía.

El comunicado, firmado por el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, director nacional de la Jufed, y su directiva nacional, destaca que la propuesta de reforma emerge en un momento crítico, cuando los ciudadanos mexicanos se han dirigido en gran número a los juzgados y tribunales federales en busca de protección de sus derechos ante acciones arbitrarias por parte de autoridades.

Se señaló que la reforma impulsada por el Ejecutivo contradice los compromisos internacionales asumidos por México, dirigidos a reforzar la independencia judicial y la estabilidad de los jueces como medida de protección contra presiones indebidas. Esto incluye acuerdos y tratados internacionales que el país ha suscrito, subrayando la importancia de mantener la autonomía y la inmunidad de los jueces frente a influencias externas.

El organismo argumentó que seleccionar a los jueces mediante votación popular compromete el principio de profesionalización judicial, establecido en la Constitución, ya que permite que elementos ajenos a la competencia y experiencia legal determinen la elección de los candidatos. Este enfoque, según la Jufed, desvía la selección de jueces de sus bases meritocráticas y los expone a influencias políticas y sociales que podrían menoscabar su independencia y objetividad.

Esto conlleva a una afectación en la calidad de las decisiones judiciales y una erosión en la confianza hacia el sistema de justicia. Se enfatizó que el sistema de carrera judicial se fundamenta en el reconocimiento de la capacidad, experiencia y méritos, aspectos que a través de los concursos para ocupar cargos de jueces federales, aseguran a los ciudadanos los principios de independencia e imparcialidad.

“Es crucial recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos salvaguarda la estabilidad en sus cargos de los jueces federales como una garantía de la independencia judicial”, se destacó en el comunicado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto un conjunto de 20 reformas constitucionales, entre las cuales se destaca la propuesta de que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos a través del voto directo del pueblo.

Desde el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, donde se redactó la Carta Magna de 1857, el mandatario sugirió que los miembros del Poder Judicial de la Federación, en lugar de ser propuestos por el Ejecutivo y confirmados por diputados y senadores, sean seleccionados directamente por la ciudadanía, bajo el principio de que “sólo el pueblo puede salvar al pueblo”.

Además, se ha revelado que el Ejecutivo tiene el objetivo de llevar a cabo una elección extraordinaria para renovar el pleno de ministros de la SCJN en 2025, periodo en el cual ya no estará en el cargo.

La propuesta de elección mencionada será organizada por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), una entidad que, hasta ahora, no ha sido establecida legalmente.

En adición a este cambio en el proceso de selección de los miembros del Poder Judicial, el presidente López Obrador plantea reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de once a nueve.

Durante un evento en el que estuvo acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y miembros de su gabinete, el presidente expresó su intención de prevenir la corrupción dentro de la Guardia Nacional, similar a lo ocurrido con la desaparecida Policía Federal. Para ello, propone que este cuerpo de seguridad sea integrado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), asegurando un estricto cumplimiento de los derechos humanos.

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