En México, una iniciativa legislativa busca abrir el debate sobre un tema históricamente invisibilizado en el ámbito laboral: el impacto del dolor menstrual severo en la vida de millones de mujeres.
La propuesta, presentada en la Cámara de Diputados por la legisladora Krishna Karina Romero Velázquez, plantea otorgar hasta tres días de licencia menstrual con goce de sueldo al mes para aquellas mujeres que padezcan dismenorrea incapacitante o enfermedades relacionadas como la endometriosis. El objetivo es reconocer formalmente una condición de salud que, en muchos casos, limita de manera significativa la capacidad de desempeñar actividades laborales con normalidad.
De acuerdo con el proyecto, la licencia no sería de aplicación general, sino que estaría sujeta a la acreditación médica correspondiente. Es decir, las trabajadoras interesadas deberán contar con un diagnóstico emitido por un especialista, mismo que deberá actualizarse periódicamente, con el fin de evitar abusos y garantizar que el beneficio sea utilizado por quienes realmente lo requieren.
La dismenorrea incapacitante es una condición caracterizada por dolor menstrual intenso que puede ir más allá de los síntomas comunes. En estos casos, las mujeres pueden experimentar calambres severos, dolor abdominal que se extiende a la espalda o las piernas, así como náuseas, vómito, mareos e incluso desmayos. En situaciones más complejas, estos síntomas pueden impedir realizar actividades cotidianas, incluyendo asistir al trabajo.
Diversos estudios citados en la iniciativa señalan que hasta el 50% de las mujeres ha experimentado dolor menstrual significativo en algún momento de su vida. Asimismo, datos de organizaciones como #MenstruaciónDignaMéxico y UNICEF indican que al menos el 21% de las trabajadoras ha tenido que ausentarse o reducir su productividad debido a esta condición, sin contar con un marco legal que respalde dichas ausencias.
Actualmente, en la legislación laboral mexicana no existe un reconocimiento específico de la menstruación como causa justificada de incapacidad temporal, lo que obliga a muchas mujeres a continuar con sus actividades laborales bajo condiciones físicas adversas o, en su caso, asumir descuentos salariales o sanciones administrativas.
La iniciativa busca modificar tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el propósito de incorporar este tipo de licencia como un derecho laboral vinculado a la salud. Además, plantea que los empleadores no puedan sancionar ni descontar el salario a las trabajadoras que hagan uso de este permiso, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
A nivel nacional, algunos estados ya han dado pasos en este sentido. Entidades como Nuevo León e Hidalgo han aprobado disposiciones relacionadas con licencias menstruales en el ámbito local, mientras que en otros congresos estatales se han presentado propuestas similares. De aprobarse a nivel federal, México se sumaría a un reducido grupo de países que han reconocido este tipo de derecho dentro de su legislación laboral.
El debate en torno a esta iniciativa no se ha hecho esperar. Por un lado, se considera un avance en materia de derechos laborales y salud, al visibilizar una condición que afecta a millones de mujeres. Por otro, se plantean retos en su implementación, especialmente en lo relacionado con la verificación médica, el impacto en la productividad y la adaptación de las empresas a este tipo de esquemas.
Más allá de las posturas, la propuesta pone sobre la mesa una discusión relevante: la necesidad de adaptar el marco laboral a realidades biológicas que históricamente han sido ignoradas, y que inciden directamente en la calidad de vida y desempeño de las personas.
En palabras de la legisladora promotora, el espíritu de la iniciativa es claro: no se trata de generar privilegios, sino de reconocer una condición de salud y garantizar condiciones laborales más justas.
Porque, para muchas mujeres, no es solo un tema de incomodidad, sino una situación que puede llegar a ser verdaderamente incapacitante.
