Querétaro, Qro.- La LXI Legislatura del Estado de Querétaro ya inició los trabajos y diálogos para definir la ruta de análisis y eventual aprobación de la reforma electoral, la cual deberá quedar avalada antes de la segunda quincena de julio para cumplir con los tiempos establecidos por la ley.
Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Guillermo Vega Guerrero, quien señaló que actualmente se trabaja en la construcción de acuerdos y en la planeación de los mecanismos de participación que permitan enriquecer la propuesta.
El legislador explicó que dentro de este proceso se contempla la realización de consultas con diversos sectores de la población, especialmente con grupos en situación de vulnerabilidad, a fin de garantizar que sus opiniones sean tomadas en cuenta en la elaboración de la reforma.
Además, destacó la importancia de mantener la coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para fortalecer el análisis de los cambios que se planteen al marco legal electoral.
“También es importantísimo continuar con el contacto con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro”, expresó.
Vega Guerrero recordó que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) aún tiene pendiente la presentación de una iniciativa de reforma electoral propia, la cual buscaría fortalecer las facultades de este órgano jurisdiccional en materia de impartición de justicia electoral.
Indicó que, si bien no existe una fecha límite para que el Tribunal entregue dicha propuesta, lo ideal sería que ocurriera durante el presente mes para que los diputados tengan tiempo suficiente para analizarla e incorporarla al proceso legislativo.
“No hay una fecha límite para que la remitan, pero me parece que idealmente tendría que ser este mes, para que pudiéramos tener tiempo de procesarla y de poder nosotros tomarla en cuenta”, señaló.
La reforma electoral será uno de los temas prioritarios para el Congreso local en las próximas semanas, debido a que deberá quedar aprobada antes del inicio del próximo proceso electoral para garantizar certeza jurídica en las reglas que regirán los comicios futuros.
