Santiago de Querétaro, Qro., 5 de junio de 2026.- Con el objetivo de armonizar la legislación estatal con la reciente reforma constitucional federal en materia de jubilaciones y pensiones, la coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo (PT) en la LXI Legislatura local, Claudia Díaz Gayou, presentó un paquete de nueve iniciativas de ley que buscan poner fin a las llamadas «pensiones doradas» financiadas con recursos públicos.
Durante una rueda de prensa, la legisladora informó que las propuestas fueron ingresadas ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado y tienen como finalidad garantizar que las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos se rijan bajo criterios de proporcionalidad, sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y austeridad republicana.
Díaz Gayou explicó que estas iniciativas derivan de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 10 de abril de 2026, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mediante la cual se establece que las jubilaciones y pensiones comprendidas en este supuesto no podrán superar la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.
La diputada aclaró que la reforma no afecta a las y los trabajadores en general, incluyendo personal docente, administrativo, operativo, sindicalizado o de base. Asimismo, subrayó que no modifica los requisitos para acceder a una jubilación, no elimina pensiones existentes ni vulnera derechos laborales adquiridos.
“La reforma se refiere específicamente a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza financiadas con recursos públicos dentro de organismos descentralizados, empresas públicas, empresas de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos”, puntualizó.
Entre las modificaciones propuestas se contemplan reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley de los Trabajadores del Estado, la Ley de Administración Pública Paraestatal, la Ley Orgánica Municipal y diversos ordenamientos que regulan organismos públicos específicos.
La legisladora insistió en que el propósito de estas iniciativas es dar cumplimiento a una disposición constitucional vigente y fortalecer el manejo responsable de los recursos públicos.
“Se trata de cumplir una reforma constitucional vigente, armonizar nuestro marco jurídico local y garantizar que los recursos públicos se administren conforme a los principios que establece nuestra Constitución Federal”, señaló.
De manera preliminar, informó que se han identificado alrededor de 43 entidades paraestatales y 25 entidades paramunicipales, que podrían estar sujetas a estas reformas, sumando un total de 68 organismos públicos entre universidades, fideicomisos, organismos descentralizados e instituciones especializadas de la administración pública estatal y municipal.
Finalmente, Díaz Gayou indicó que ya solicitó información a las dependencias y organismos potencialmente involucrados para conocer con mayor precisión los impactos financieros y presupuestales que podría generar la implementación de estas reformas.
Las iniciativas comenzarán ahora su proceso legislativo para su análisis y eventual discusión en las comisiones correspondientes del Congreso local.
