Un grave incidente de censura y agresión a la prensa se ha registrado en Querétaro, donde el periodista Enrique de León ha presentado una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). El reportero, quien colabora con cuatro medios de comunicación, afirma que fue interceptado por policías municipales y un agente de la Fiscalía General del Estado (FGE) mientras cubría un homicidio en la Central de Abastos de Querétaro.
Según relató Enrique de León, al menos cinco policías municipales y un agente de la FGE lo rodearon, le confiscaron el celular y bajo intimidación lo forzaron a desbloquearlo para eliminar el contenido de su cobertura periodística. “Me decían que no podía grabar, pero como periodistas de nota roja sabemos que tenemos derecho a registrar los hechos detrás de la cinta amarilla. Es inaceptable que la policía y la fiscalía revisen el contenido personal y laboral de mi celular”, declaró el periodista.
Este incidente no es un caso aislado, recordó De León, mencionando que en el último año se han registrado al menos seis agresiones contra la prensa en Querétaro, varias de las cuales involucraron a la Policía Estatal y las policías municipales de El Marqués y Corregidora.
Hasta ahora, las autoridades municipales no han emitido ningún posicionamiento sobre el caso, y la única comunicación con el periodista ha sido a través del equipo de Comunicación Social, sin ofrecer disculpas o reconocimiento alguno sobre la gravedad de los hechos. “Es una violación a la libertad de prensa”, enfatizó el comunicador.
El Colectivo de Periodistas en Activo ha expresado su apoyo a Enrique de León a través de un comunicado, demandando una investigación exhaustiva y la aplicación de las sanciones correspondientes. “La actuación de los agentes refleja un patrón preocupante de hostigamiento hacia los profesionales de la prensa en Querétaro, sumándose a una serie de violencias sistemáticas contra la prensa local”, señala el comunicado.
La comunidad periodística local continúa solicitando entrevistas con funcionarios del ayuntamiento, sin recibir respuesta alguna. La situación sigue en espera de un desenlace que garantice la seguridad y libertad de prensa en la región.
